El 27 de octubre pasado, el Estado, representado por el titular de la AFIP, Alberto Abad, y por el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, le puso punto final a la gratuidad en el fútbol en la resonante conferencia de prensa en la que se dio a conocer la monstruosa deuda con el fisco de AFA y los clubes. Así, desde el 1° de enero de 2017 habrá que volver a pagar para ver el deporte más popular del país. ¿Cuánto? Esa es la pregunta del millón.
Si bien no se han hecho hasta hoy anuncios oficiales, hay algunos parámetros de referencia que le van dando forma al nuevo viejo fútbol codificado. Las empresas norteamericanas Turner y Fox se asociarán en la compra de los derechos en una cifra que aún se negocia entre un mínimo de 1800 y un máximo de 3000 millones de pesos anuales hasta 2019.
Éstas distribuirán luego las transmisiones por las distintas pantallas del país en un esquema que aún no está definido y estiman que los abonados deberán pagar una tarifa mensual de entre 170 y 300 pesos, siempre de acuerdo al paquete adquirido (los partidos de mayor relevancia costarán más).
El objetivo de los nuevos dueños del fútbol es explotar el millonario negocio que, confían, dará jugoso rédito a partir del rescate financiero que el deporte más popular del país necesita y que ahora, a partir del relevamiento y las denuncias penales de la AFIP, está obligado a cumplir con sus obligaciones de pago.
Además de la transmisión convencional se estima que el fútbol argentino contará en un futuro cercano con un canal propio en internet que sería a demanda y tendría un costo mensual de 300 pesos.
Fox utilizará sus pantallas para transmitir el contenido y Turner, por su parte, le daría vida a la suya, que tendría en principio el nombre de AFA TV.
“Si no se rectifica el rumbo, el sistema va a ser cada vez mas inviable”, dijo el titular de la AFIP, Alberto Abad, y esto fue cuestión de horas. Los números no cerraban por ningún lado porque a la deuda tributaria de los clubes se le sumaba los 9504 millones de pesos que el fútbol recibió entre 2009 y 2016 por parte del Estado, una suma que un país que adolece de obras y servicios vitales para la población no se puede permitir.
