El asesinato de un juez a plena luz del día o la amputación de las manos de siete ladrones son solo los más recientes episodios de una larga lista de casos violentos que en el último mes han ahondado en México la psicosis ciudadana y la descomposición social derivada de la corrupción política.
“Esto parece la parábola del sapo en la cubeta de agua: empieza a hervir y no se da cuenta de que se está cociendo; estamos dentro de algo que se está descomponiendo”, dijo hoy a EFE el experto Roy Campos, presidente de la firma de opinión pública Consulta Mitofsky.
En la segunda mitad de septiembre dos sacerdotes fueron asesinados en Veracruz (este) y otro en Michoacán (suroeste), un periodista fue asesinado en Puebla (centro) y un convoy del Ejército que custodiaba a un detenido en una ambulancia fue emboscado por un grupo armado en Sinaloa (noroeste), con un saldo de seis soldados fallecidos.
Además, se encontraron 10 cadáveres flotando en un río del Lago Chalapa (oeste), así como los cuerpos descuartizados de una mujer de 52 años y una estudiante de 19 en una maleta en el Estado de México, vecino de la capital.
Ciudad de México fue a su vez escenario del secuestro y asesinato de María Villar Galaz, en un caso que despertó un fuerte revuelo por ser la sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, y de nacionalidad extranjera.
En lo que llevamos de octubre se hallaron 600 restos humanos en una fosa común en Coahuila (norte) y cuatro evangelizadores fueron torturados y asesinados en Michoacán.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que en Veracruz se cometieron 179 homicidios dolosos durante septiembre, la cifra mensual más alta de los últimos 15 años en el estado.
A esas truculentas historias se suma la creciente percepción de inseguridad ciudadana, amplificada por los medios de comunicación y las redes sociales.
Así ha sucedido con la difusión de las imágenes grabadas por una cámara de seguridad del asesinato de un tiro en la cabeza de un juez federal el lunes cerca de su domicilio en el Estado de México.
“Nos impacta mucho ver la impunidad de los que asesinan; no tienen ningún reparo en hacerlo, en huir tranquilamente”, sintetiza Campos.
También el lunes, ahora en Tlaquepaque (Jalisco, oeste), unos desconocidos que se autodenominaron “Grupo de élite Antirratas” amputaron las manos a siete presuntos ladrones y uno de ellos murió.
Uno de los agredidos fue encontrado muerto junto a un cartel con un mensaje escrito a mano que contenía el mensaje “Esto nos pasó por rateros”, así como advertencias para los ladrones de casas, autos y motocicletas, y a quienes agredan a los peatones.
Los otros seis ladrones, entre ellos una mujer, fueron hallados sin manos, que fueron seccionadas a la altura de las muñeca presumiblemente con machetes. Además de las heridas por la amputación, que fueron cubiertas con plástico, las víctimas tenían la palabra “rata” (ladrón) pintada en diversas partes de sus cuerpos.
Los agresores dejaron en el suelo dos bolsas de plástico que contenían las manos que les fueron cortadas a las siete víctimas.
“Tenemos un problema de descomposición política y social” por “casos de corrupción que no son atendidos, lo que lleva a que la gente esté enojada y quiera hacer justicia por propia mano”, afirma a María Elena Morera, activista de la organización civil Causa en Común, que promueve la reconciliación entre policía y sociedad.
Según Campos, antes los ciudadanos veían los problemas económicos y del crimen organizado “en forma separada” pero “de repente empezaron a aparecer los escándalos de impunidad y se juntaron todos los problemas en un solo remolino”.
El experto se refiere, por ejemplo, a la situación del exgobernador de Sonora (noroeste), Guillermo Padrés, y del gobernador saliente de Veracruz, Javier Duarte.
Sobre el primero hay una orden de captura internacional de Interpol y se le responsabiliza de un desfalco del erario durante su gestión (2009-2015) de unos 1.600 millones de dólares.
De Duarte está en duda su paradero y su futuro sucesor, Miguel Ángel Yunes, le acusó hace meses de tener, con nombres de familiares y conocidos, 25 propiedades en México y fuera del país valorados en unos 159 millones de dólares.
Ante la violencia y la falta de Estado de derecho surgen reacciones al calor de los acontecimientos, como una iniciativa de ley presentada en el Senado hace dos semanas para flexibilizar la portación de armas de fuego, una alternativa que rechaza Morera.
“La solución es que el Estado sea quien nos defienda, no que los ciudadanos tengamos la obligación de defendernos”, argumenta la activista al recordar que “en México ya hay alrededor de 15 millones de armas, la gran mayoría ilegales” y filtradas por la porosa frontera con Estados Unidos.
Morera recalca que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre 2014 y 2015 en el país se pasó de 34 millones de delitos a 29 millones, pero el problema es que “el grado de violencia con el que se están cometiendo ahora es mucho más alto”.
Sucede así con los secuestros, que “hasta 2006 perpetraban grupos especializados y hoy en día los cometen grupos que antes se dedicaban a tráfico de armas, drogas y personas, y son muchos más violentos”, o por “grupos inexpertos”.
En cualquier caso, todo “tiene que ver con la descomposición social, independientemente de los grupos de crimen organizado”, pues hay “un desorden institucional” y una sensación de “impunidad tan grande que la gente siente que puede hacer lo que quiera”, remata.
¿La solución? Según Campos en el corto plazo “depende de la voluntad de la clase política” y en el largo “de la educación”.
