Los dueños del Grupo Indalo quedaron detenidos. Además, Cristóbal López y Fabián De Sousa, fueron procesados ayer por el juez Julián Ercolini, por administración fraudulenta al no pagar $ 8.000 millones a la AFIP del impuesto a los Combustibles, durante el último gobierno de Cristina Kirchner. Uno de los motivos por los que se ordenó la prisión preventiva fue por buscar eludir a la justicia con la venta de su holding a OP Investiment de Ignacio Rosner. Esto será investigado a pedido de Ercolini.
Por primera vez, López y De Sousa pasaron la noche en calidad de detenidos. Durmieron en el edificio Centinela de Gendarmería y esta mañana, el personal del Servicio Penitenciario Federal los trasladó al Hospital Penitenciario Central de Ezeiza en el caso de López y a su socio, al de Marcos Paz.
Al momento de argumentar por qué se ordenaba la detención, el juez Ercolini concluyó que los dueños de Indalo cometieron acciones “dirigidas a obstruir la labor de la justicia”. Uno de los ejemplos citados fue la venta que Cristóbal López realizó a Op Investiment, el fondo de inversión de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, pese a regir “una inhibición de bienes que lo impedía”.
El juez indicó que la medida cautelar estaba vinculada directamente al pago de la deuda con la AFIP y que de los escritos presentados por los López y De Sousa “no surgía cómo se iría a abonar; como así tampoco se observó cómo harían frente a la eventual reparación de los daños y perjuicios ocasionados al Estado nacional”.
Los dueños de Indalo -para el juez- desplegaron “diversas conductas tendientes a impedir la conservación” del patrimonio del Grupo que sería la garantía de pago del Estado. Fueron ellos mismos quienes manifestaron “haber vendido sus tenencias accionarias -cuando les estaba vedado conforme ya fue expuesto- con anterioridad a haber solicitado autorización para ello”.
Son 170 las empresas que constituyen el conglomerado económico de López y De Sousa, que durante el kirchnerismo creció exponencialmente: hacia 2003, cuando los K llegaron a la Rosada, no existía el Grupo Indalo como tal y Cristóbal sólo tenía una decena de sociedades. Sobre el holding aún recae una inhibición de bienes y la medida podría extenderse, según fuentes judiciales, a 100 compañías que no eran alcanzadas por la medida cautelar.
Recientemente, la AFIP entregó un informe al juez Julián Ercolini con el detalle de ese centenar de firmas que despertaban sospechas: entre ellas se encuentran empresas de alimentos (20), construcción (12), Inversión (15), Medios de Comunicación (34), Producción (3), Petróleo (6), Servicios (10). El fiscal Gerardo Pollicita no descarta pedir que todas queden inhibidas.
Ante tal escenario, Ercolini decidió que se investigue la venta al fondo de Inversión de Rosner, ante el “presunto incumplimiento de la inhibición general de bienes” y considerando que a raíz de los escritos firmados por López y los dueños de OP Investiment “se ha engañado sostenidamente a este juzgado, a la fiscalía actuante, a la AFIP en su doble condición de parte querellante y actora civil y a los veedores designados en este proceso”.
El juez Ercolini ordenó investigar si la venta del Grupo Indalo fue una acción “fraudulenta”
Cristóbal López y Fabián de Sousa: quedaron los dos detenidos.
En consecuencia, ante la posible realización de “actos fraudulentos deliberados” que buscarían inducir “a errores procesales para perjudicar a terceros”, se pidió investigar la operación “con la posible participación de otras personas hubieran vendido como libres bienes que estaban inhibidos”. Por eso se abrió una nueva causa para investigar esto.
Consultados por Clarín, desde OP Investiment señalaron: “Estamos sorprendidos que a un grupo de inversores que vienen a contribuir a mantener 4.000 puestos de trabajo, que aportan socios estratégicos de magnitud como Lukoil y que presentan un plan de pago millonario a la AFIP se los destratre de esta manera. Todo lo hicimos abiertamente, y se les presentó el plan tanto al juez Ercolini, como al juez comercial Hugo Vitale y a Alberto Abad”.
A la fecha no hay venta posible del Grupo, ya que continúa inhibido. Desde el fondo de inversión señalaron que con esta medida “están llevando al punto de que las empresas y sus empleados terminan pagando por los actos ilícitos de sus ex dueños y eso no debe ser así”.
La semana pasada, como contó Clarín, las empresas de los medios de comunicación presentaron el concurso preventivo de acreedores ante la justicia comercial y aún está pendiente que la Cámara de Apelaciones en lo Comercial decida si autoriza la apertura del segundo concurso de Oil Combustibles -la firma que adeuda $ 8.000 millones a la AFIP-.
Por Lucía Salinas
