La historia del impacto de la mina de oro Veladero, que explota la empresa Barrick Argentina desde hace una década en esta provincia, es una vuelta sin fin: mientras las comunidades ubicadas cuenca abajo del yacimiento viven en la incertidumbre por la sanidad del agua y el ambiente, desde la empresa y el gobierno provincial afirman que todo está bajo control.
La polémica seguirá porque, desde la compañía, confirmaron que hay reservas hasta 2024, mientras siguen las exploraciones en la zona donde hace poco más de un año se produjo un derrame de más de un millón de litros de agua cianurada. El 8 del mes pasado, hubo un segundo incidente reconocido -un trozo de hielo desacopló un caño en el valle de lixiviación- que reavivó el temor y las quejas de las poblaciones cuenca abajo de la mina.
Los últimos análisis realizados por la Universidad Nacional de Cuyo sobre una muestra de agua de pozo de agosto en Tamberías -1500 habitantes, a 10 kilómetros de Jáchal- registraron, por primera vez, presencia de mercurio. Igual que en julio pasado, se detectó aluminio.
“No hay respuesta. Estamos desprotegidos y el agua, comprometida”, dijo Carlos Ibarbe, integrante de la Comisión Vecinal de Tamberías. Una muestra de julio del acuífero subterráneo de Mogna, una localidad más abajo, también marcó mercurio. No superan los límites fijados por el Código Alimentario.
La empresa desconoce los estudios encargados por la Municipalidad de Jáchal a la Universidad de Cuyo; sólo tiene las “versiones periodísticas”. No sabe “cómo se realizaron, con qué protocolos y si existe un estudio de base”. Señalaron que ese río está “fuera del área de influencia de Veladero, que es el departamento de Iglesia”. La cuenca del río Jáchal, para la provincia, figura entre los cauces alcanzados por la explotación.
Eduardo Machuca, flamante secretario de Gestión Ambiental y Control Minero de San Juan, afirmó a LA NACION -acompañado por todo su equipo- que, “preocupados” por los datos, hicieron sus propios análisis con el equipo de sensibilidad atómica del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero-Industrial (Cipcami). Para Mogna, dio 0,029 microgramos por litro. “Nada”, dijo
La calidad y la cantidad de agua -principal insumo en la explotación a cielo abierto- son la clave de las objeciones de distintos sectores a este modelo. La clave son las dudas respecto de la “línea base”, es decir, de los valores de las cuencas antes de que comenzara la explotación.
La gobernación de San Juan señala que la base “está”, pero no la da. Se limita a apuntar que no hay alteraciones. Machuca planteó: “Es de 1998 hasta 2004 e incluye todas las cuencas de la zona, extendidas hasta las comunidades; incluye datos propios, los relevados por un programa del Banco Mundial de los 90 y hasta los aportados por la empresa”.
Calificó de “aisladas” las tomas de la municipalidad a pedido de los asambleístas. “No dicen nada; el gobierno levanta en 13 puntos georreferenciados y tiene en cuenta la variabilidad por caudales y por temperatura. No hay tendencia de que el cambio persista; los valores siempre están dentro de los límites.”
La línea base de Veladero se parece al Santo Grial: todos la buscan. “La pedimos en 2010 al gobierno y no la dio; también en el amparo de 2015 la reclamamos, pero el juez [Pablo] Oritja nos respondió que «no era pertinente». No se estudian los microorganismos en el agua y tampoco se analiza el aire”, apuntó Saúl Zeballos, integrante de la asamblea Jáchal no se Toca.
Desde la minera indicaron que los estudios comenzaron antes de la construcción: “La información es muy abultada, ya que se construyó con estudios de todas las variables ambientales desde siete años antes de la explotación, toma en cuenta toda la cuenca y, por ende, todos los ríos. Va actualizándose cada dos años, porque nunca se deja de monitorear toda el área de la operación minera e incluso la de influencia, la circundante al proyecto. Es información pública”.
Los expertos explicaron que la línea de base es “una sola”; lo que se actualiza son los valores posteriores, a la vez que entienden que las comunidades afectadas deberían haber participado en una audiencia pública cuando se lanzó la medición. Los estudios deben alcanzar ambiente (agua, aire y tierra), salud de la población y producción.
La Nación accedió a un trabajo realizado por los asambleístas que cuenta con referencias de dos mediciones de 1998, las del Cipcami de 2004, 2005, 2006, 2008 y 2010 y de la Universidad de Cuyo desde ese año hasta ahora. Son para los ríos Blanco y Jáchal. Hay cambios evidentes en el PH, boro, arsénico, manganeso, aluminio y uranio.
“Ninguna comunidad toma agua del río -indicaron desde la administración provincial para tratar de cerrar la discusión-. Usan vertientes, perforaciones, acueductos.”
Respecto de la cantidad de agua usada por la Barrick, desde la provincia dijeron que la empresa “nunca” usó los 110 litros por segundo autorizados. Sostuvieron que el caudalímetro instalado en la toma -que La Nación no pudo ver- marca 60 a 70 litros/segundo.
Por: Gabriela Origlia
