En San Juan, la Cordillera de los Andes es el escenario de un inesperado incidente limítrofe con Chile. Durante varios años, sin ningún tipo de control por parte del gobierno provincial y nacional, arrojó al territorio argentino toneladas de escombros tóxicos que contaminan el ambiente y los recursos hídricos de la región.
El grupo Luksic opera la mina “Los Pelambres” en el país trasandino. Pegado a la frontera con Argentina, construyó una escombrera de 52 hectáreas para tirar los residuos de la explotación que hicieran, pero del lado argentino. La escombrera es el lugar donde las empresas mineras depositan lo que ellos denominan “roca estéril”. Esa piedra, por haber sido removida de su lugar original, produce un drenaje ácido natural, pero altamente tóxico.
La gigantesca obra fue tomando forma y creciendo entre el 2007 y el 2011. Durante todo ese tiempo el gobierno de San Juan, encabezado por José Luis Gioja, miró para otro lado. Hasta que recién en 2011 la provincia hizo una denuncia en la Cancillería. A partir de ese momento empezó un tibio intercambio de cartas entre ambos países que no dieron ningún resultado. El conflicto permaneció oculto.
Hace dos años, y cuando nadie se lo esperaba, Glencore, una minera que opera del lado argentino, inició una demanda contra la compañía chilena para que retirase los residuos contaminantes que invaden su emprendimiento. Sólo gracias a eso el conflicto salió a la luz.
LA INSÓLITA RESPUESTA DEL FISCAL
Luego de que trascendiera este escándalo, el fiscal de Estado de San Juan, Guillermo de Sanctis, firmó un polémico convenio con la minera chilena en el que sólo se le ordena a la empresa “aislar” el área afectada. No le piden que retiren o reparen el daño, sino sólo que lo asilen. Ademas, en forma insólita le impone a los mismos que construyeron ilegalmente la escombrera, que la controlen por 10 años.
“Hicimos el acuerdo para no quedar enmarañados en las chicanas del juicio. No es por 10 años. No, papá. No dice eso”, negó de Sanctis a Periodismo para todos. Pero el artículo 6 del acuerdo es claro: “La minera Los Pelambres es responsable por el lapso de 10 años a partir del momento de la finalización de la obra”.
Más allá de este acuerdo extraño, las autoridades actuales de la Cancillería tienen en claro que el incidente fue entre los países. Carlos Foradori, el exvicecanciller reconoció que “es un problema entre Estados”. “Chile deberá ver qué medidas toma en cuanto a sus correspondientes empresas”, afirmó.
Ignacio Otero recorrió en helicóptero y bajó en la escombrera del lado argentino. Aunque parezca una montaña, no lo es. Mide 70 metros de alto sobre una superficie de 52 hectáreas. Lo que se ve es el camino por donde pasaron los gigantescos camiones mineros para tirar la piedra tóxica en ese lugar: son 55 millones de toneladas de basura minera.
También queda evidente una de las posibles fuentes de contaminación: los 500 neumáticos que degradan su toxicidad sobre el circuito hídrico del lado argentino. Los gobiernos de ambos países habilitaron un paso fronterizo provisorio para que sean removidos de allí, pero eso todavía no ocurrió. A pesar de las pruebas de las imágenes, el fiscal de Sanctis, en un primer momento, negó todo: “Es falso que la escombrera del Cerro Amarillo esté contaminando el curso de agua”. Cinco minutos después, cambió su discurso: “Por supuesto que está impactada. Pero hay vida. Los bichos se adaptan”.
Esta parte de la Cordillera funciona como un verdadero basurero de Chile. No se puede calcular el daño material que se hizo hasta hoy y que va a seguir haciendo. “La Cancillería estaba al corriente de lo que pasaba. Lo tapó el gobierno de San Juan y el gobierno nacional”, acusó el senador Pino Solanas. El hermoso paisaje contrasta con el peligro de contaminación: cuando nieva toda la piedra se mezcla con el agua y hay peligro de que haya un impacto en los recursos potables.
