Las políticas globales sobre drogas aplicadas desde hace 50 años, destinadas a combatir el uso ilegal de estupefacientes, deberían ser reformadas porque son “nocivas” para la salud pública y los derechos humanos, según el trabajo.
El documento, el cual pide que se “despenalicen las delitos considerados menores relacionados con las drogas”, estuvo a cargo de una comisión de la publicación británica y la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, precisó la agencia EFE.
Los expertos de la comisión señalaron en el informe los ejemplos de Portugal y la República Checa, que despenalizaron los delitos menores relacionados con los estupefacientes, y remarcaron que ambos países experimentaron “beneficios significativos en la salud pública, ahorros en los costos y un menor encarcelamiento, sin que haya habido un aumento significativo en el consumo de esas sustancias”.
Con los ejemplos de la legalización del cannabis en Uruguay y en cuatro estados de Estados Unidos (Washington, Colorado, Oregón y Alaska), la comisión instó a los gobiernos a que hagan planteamientos similares, a fin de encontrar formas apropiadas de evaluar su impacto.
Tras revisar casos globales, hallaron que la mayor tasa de infección entre los consumidores de drogas viene por el uso excesivo de los encarcelamientos y la exclusión sistemática de los drogadictos a tratamientos y sistemas de prevención de enfermedades como el VIH y la Hepatitis C, dentro y fuera de la cárcel.
Asimismo el informe reveló que las leyes contra las drogas se aplicaron de manera “discriminatoria” contra minorías raciales y étnicas y contra mujeres, lo que ha socavado los derechos humanos.
“El objetivo de prohibir todo el uso, posesión, producción y tráfico de sustancias ilícitas es la base de muchas de nuestras legislaciones sobre drogas, pero estas políticas se basan en ideas sobre el uso de drogas y la dependencia que no tienen base científica”, indicó Crhis Beyrer, de la Universidad Johns Hopkins.
Según el investigador, la llamada “guerra contra las drogas” global “dañó la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo”.
“Es hora de que repensemos nuestro enfoque a las políticas globales y pongamos la evidencia científica y la salud pública en el corazón de las discusiones sobre las políticas de drogas”, resumió Beyrer.
El documento, el cual pide que se “despenalicen las delitos considerados menores relacionados con las drogas”, estuvo a cargo de una comisión de la publicación británica y la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, precisó la agencia EFE.
Los expertos de la comisión señalaron en el informe los ejemplos de Portugal y la República Checa, que despenalizaron los delitos menores relacionados con los estupefacientes, y remarcaron que ambos países experimentaron “beneficios significativos en la salud pública, ahorros en los costos y un menor encarcelamiento, sin que haya habido un aumento significativo en el consumo de esas sustancias”.
Con los ejemplos de la legalización del cannabis en Uruguay y en cuatro estados de Estados Unidos (Washington, Colorado, Oregón y Alaska), la comisión instó a los gobiernos a que hagan planteamientos similares, a fin de encontrar formas apropiadas de evaluar su impacto.
Tras revisar casos globales, hallaron que la mayor tasa de infección entre los consumidores de drogas viene por el uso excesivo de los encarcelamientos y la exclusión sistemática de los drogadictos a tratamientos y sistemas de prevención de enfermedades como el VIH y la Hepatitis C, dentro y fuera de la cárcel.
Asimismo el informe reveló que las leyes contra las drogas se aplicaron de manera “discriminatoria” contra minorías raciales y étnicas y contra mujeres, lo que ha socavado los derechos humanos.
“El objetivo de prohibir todo el uso, posesión, producción y tráfico de sustancias ilícitas es la base de muchas de nuestras legislaciones sobre drogas, pero estas políticas se basan en ideas sobre el uso de drogas y la dependencia que no tienen base científica”, indicó Crhis Beyrer, de la Universidad Johns Hopkins.
Según el investigador, la llamada “guerra contra las drogas” global “dañó la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo”.
“Es hora de que repensemos nuestro enfoque a las políticas globales y pongamos la evidencia científica y la salud pública en el corazón de las discusiones sobre las políticas de drogas”, resumió Beyrer.
