En junio pasado, el gobierno que encabeza Mauricio Macri publicó el informe llamado “El estado del Estado”. Allí se detallaban irregularidades halladas en diferentes sectores de la administración nacional luego de 12 años de kirchnerismo. El informe es crítico de la gestión que había terminado el 10 de diciembre de 2015.
El fiscal federal Carlos Stornelli leyó el documento y a partir de eso abrió varias investigaciones preliminares, algo que tienen permitido hacer los fiscales. Luego de abierta la investigación, si el fiscal considera que puede haber un delito, hace la denuncia para que un juez quede a cargo del expediente.
Uno de los aspectos del informe “El estado del Estado” fue la construcción del Centro Cultural Kirchner (CCK), emplazado en el viejo edificio del Correo Central. La denuncia de Stornelli, a la que Infobae accedió en fuentes judiciales, quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi con la intervención del fiscal Franco Picardi.
Stornelli reseñó en la denuncia la parte del informe del macrismo sobre el CCK. En la presentación que hizo el fiscal se explica que:
“El informe indica que fueron advertidas irregularidades relacionadas con la falta de obras edilicias, termomecánicas, eléctricas y civiles para la habilitación del área de pre y post producción y registro audiovisual del Centro, obras éstas que no habrían sido previstas en el proyecto inicial. Al respecto se señala que el Centro aludido, al mes de diciembre se hallaba en situación de obra, con entrega parcial, con un funcionamiento excepcional y condicionado en materia de seguridad y que para la fecha de su apertura –mayo de 2015- no se encontraba habilitado. Surge también del citado informe irregularidades en materia de sobreprecios en la adquisición de equipamiento para el Centro Cultural. Así, las licitaciones respectivas se habrían realizado sin previsión ni coordinación con el proyecto edilicio lo que habría dado lugar a incompatibilidades, modificaciones y ampliaciones del proyecto original. Por otro lado, se alquilaban equipos técnicos cuando se hallaba en curso licitaciones para la adquisición de equipo propio. Se menciona en especial una licitación de 480 millones de pesos para equipamiento que nunca se habría llegado a instalar y del que se habrían hallado facturas sólo por 130 millones de pesos. También hace mención el citado informe a irregularidades advertidas en torno a la dotación sobredimensionada de empleados en un total de 742, de los cuales 669 empleados habrían sido asistencias técnicas incorporadas a través de convenios con universidades nacionales y 73 empleados tendrían contrato, dotación esta, para un lugar que no contaba con una organización funcional ni con definiciones de misión y funciones de áreas. Por último surgen también citadas, irregularidades en al menos 2000 contratos artísticos que habrían originado una deuda impaga de un monto total de 19 millones de pesos, advertida a partir de una auditoría administrativa, como asimismo a diciembre de 2015, una deuda impaga con proveedores y servicios básicos (ascensores, agua, luz, gas, control de acceso, limpieza y seguridad) de 78 millones de pesos”.
Para hacer la denuncia, Stornelli se basó también en una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) llamada “Informe de Auditoría-Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda-Ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios-Dirección Nacional de Arquitectura (DNA)-Centro Cultural Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner”. La auditoría de SIGEN fue presentada en mayo y en ella se hallaron 21 irregularidades en las que el fiscal basó parte de su denuncia. Las irregularidades detectadas por la SIGEN y citadas por Stornelli fueron:
1) Excesivo plazo de obra autorizado para la ejecución de las variantes aprobadas.
2) El CCK fue utilizado y abierto al público a pesar de no contar con la habilitación otorgada para su funcionamiento.
3) Existen ítems incluidos en las variantes de obra por un monto de $12.345.377 que deberían haber sido considerados en el proyecto básico.
4) Algunos ítems que no afectaban la integridad del proyecto, generaron mayores costos de $20.718.089 (valores marzo de 2008).
5) Se constató con relación al ítem N°8 de la Variante N°1 – Sectorización del Edificio para el inicio progresivo de la obra, cuyo monto a valores contractuales de marzo de 2008 era de $2.400.000, fue atribuible al comitente por no entregar a la fecha de inicio de los trabajos el edificio libre de ocupantes, mobiliario y equipamiento.
6) Adjudicación del ítem estacionamiento de vehículos, sala de máquinas y locales de servicios sin proceso licitatorio.
7) Discrepancia entre el monto consignado en el acto administrativo que aprueba la adjudicación de la licitación a la empresa contratista y la oferta de la misma.
8) Con relación a la redeterminación de precios, el congelamiento efectuado por la aplicación del art. 4° del Decreto N° 1295/2002, se hizo directamente sobre el importe total de cada ítem y no sobre cada uno de los elementos que componen el mismo.
9) Utilización de las salas con un uso distinto al concebido originalmente.
10) No consta en algunos expedientes la solicitud de “Precios Testigo” a la SIGEN de acuerdo a lo establecido por la Resolución N° 122/2010.
11) Algunos bienes muebles del CCK no están identificados en un registro de inventario.
12) No se pudo constatar la existencia de algunos bienes (Sistema de Tecnología Led-Sistema de Cartelería de Tecnología Digital con 35 pantallas de 55 pulgadas) adquiridos según la Licitación N° 2/2015 para el CCK.
13) Existen transferencias de fondos a la Universidad Nacional de Tres de Febrero por honorarios artísticos y servicios que ya habían sido abonados ($721.500).
14) Existen copias de facturas en el Compromiso de Rendición N° 4 que fueron presentadas en el Compromiso de Rendición de gastos N°3 ($498.716-€ 1.667-U$S 22.096).
15) Existen facturas de servicios que no permiten identificar e individualizar específicamente la prestación del servicio contratado.
16) No constan en los expedientes de rendición, los comprobantes emitidos por la AFIP que autoricen al empleo de facturas sin Clave de Autorización de Impresión (CAI).
17) No se individualiza en varias órdenes de pago emitidas por la Universidad Nacional de Tres de Febrero la factura que se está abonando.
18) Existen facturas abonadas a proveedores monotributistas con fecha anterior a la efectiva inscripción en el Régimen de Monotributo.
19) Existen facturas abonadas con la Clave de Autorización de Impresión vencida.
20) Existen servicios facturados por un proveedor, en el cual se incluye un ítem que no es propio de la obra, que no corresponde al evento por el que fue contratado.
21) Ninguna de las facturas abonadas fue invalidada con sello pagado fechador.
Luego de analizar las irregularidades halladas por la auditoría de la SIGEN, Stornelli señaló que “Por ello deberá investigarse la posible perpetración de las conductas al menos irregulares de quienes tenían a su cargo, dentro de la esfera del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la administración de fondos públicos asignados para la puesta en marcha de los trabajos de conservación, restauración, remodelación, puesta en valor y funcionamiento del Centro Cultural Presidente Dr. Néstor Kirchner y el control de los convenios suscriptos con las Universidades Nacionales de Tres de Febrero y de San Martín”.
El ministerio de Planificación estaba a cargo del actual diputado nacional por el Frente para la Victoria Julio De Vido.
La denuncia está en manos del juez Martínez De Giorgi.
