Aún cuando la noticia se confirme y sea incorporada al expediente –según supo Clarín sería el lunes o martes próximos– podría tratarse de otra jugada para intentar desplazar al juez Sebastián Casanello de la investigación de lavado de dinero conocida como “la ruta del dinero K”. Pero también podría ser un testimonio fuerte que dejaría en estado de máxima tensión la relación entre el magistrado y Lázaro Báez, el empresario K doblemente procesado por lavado de dinero y preso hace casi dos meses. La noticia: un dirigente de La Cámpora “arrepentido” dijo poseer la grabación de conversaciones en las que el zar de la obra pública K, desde su encierro en el penal de Ezeiza y en diálogo con sus allegados, se quejaría contra Casanello y haría mención a supuestos pagos de dinero realizados al juez para que direccione la investigación lejos de él.
Por el tenor de la supuesta revelación, sería otro golpe bajo para Casanello, quien hace dos días desmintió las versiones periodísticas respecto a supuestos encuentros de él con Cristina Kirchner y el propio Báez en la Quinta Presidencial de Olivos, y también sobre el cobro de gratificaciones para dormir el expediente o empujarlo hacia otro destino. Por la oportunidad, es un sugestivo y oportuno dardo contra el cuestionado juez de la causa, que hoy al mediodía estará recibiendo la bendición papal en Roma durante un encuentro mundial de magistrados contra el crimen organizado.
“Son varios audios. Para empezar, prueban que las conversaciones y entrevistas de Báez desde la cárcel con sus abogados y allegados fueron escuchadas y grabadas ilegalmente”, dijo una fuente allegada a la investigación que está al tanto del testimonio que el supuesto camporista arrepentido estaría dispuesto a presentar la semana próxima ante la justicia.
“En una de esas conversaciones, Báez dice que Casanello habría cobrado 2,5 millones de dólares para direccionar la investigación”, amplía el funcionario público.
No está demás repetirlo: como otras supuestas pruebas respecto a contactos y trapicheos oscuros entre el juez, Lázaro y la ex presidencia Cristina Kirchner, las hipotéticas grabaciones no están en la causa. Es más: aún si existieran y fueran difundidas, no aportarían más que la voz de un procesado que está detenido y, bajo la cierta sospecha de que lo están escuchando, podría inventar información falsa. Hay otros dos detalles: el origen irregular de esas grabaciones complicaría su incorporación a la causa. Y si eso quedara saldado Báez podría rechazarlas, porque lo comprometerían como pagador de una coima y nadie está obligado a declarar contra sí mismo.
Bajo la blanca superficie del expediente, otros datos inquietantes también se movieron estos días. La justicia y la AFIP tienen bajo la lupa una empresa de crédito y ahorro que tiene sede en Córdoba y funciona en otras provincias del norte, cuya operación estaría ayudando alfinanciamiento de la familia Báez, ahora embargada por 800 millones de pesos. La detección, tasación y eventual congelamiento de bienes y activos de Lázaro, sus empresas y sociedades seguirá avanzando. Pero él tiene otro asunto en mente ahora. Elegir las palabras que les dirá a los camaristas el lunes.
