En una escuela puntana los docentes detectaron que una alumna estaba participando del desafío “ballena azul”, y entonces intervino el Superior Tribunal de Justicia de San Luis que mediante un acuerdo decidió convocar a los tres poderes del Estado provincial a realizar acciones conjuntas de prevención que se establezcan en un protocolo.
El máximo tribunal de la provincia de San Luis que propicia elaborar un Protocolo de Pautas de Detección y Prevención del desafío llamado la ballena azul como así también de cyberbulling, cyberstalking, sexting y grooming; en su acordada sostiene que “el Estado debe arbitrar medidas que garanticen la protección integral psicofísica de los niños, niñas y adolescentes, y para ello debe proponer, desarrollar e implementar medidas de acción, prevención, capacitación, concientización y divulgación”.
Añade que “es urgente, de cara a este nuevo flagelo que utiliza las redes sociales para invadir la intimidad, salud, integridad y la vida misma de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, que el Estado sea convocado para el fortalecimiento de la cultura jurídica”.
Los integrantes del Superior Tribunal de Justicia han propuesto una urgente reunión con las autoridades de los tres poderes para acordar el dictado de un Protocolo de Pautas de Detección y Prevención, además de realizar acciones de sensibilización a los operadores judiciales en su rol de divulgadores y concientizadores de una cultura jurídica que proteja los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes.
El acuerdo del Superior Tribunal de Justicia está suscripto por la totalidad de sus integrantes: Omar Uría, Lila Novillo y Beatriz Tardieu.
La historia se remonta al 11 de mayo pasado tras una presentación realizada por la jueza de Familia y Menores N° 1, Estela Inés Bustos, cuando comunica al alto cuerpo judicial de un hecho ocurrido en una escuela secundaria de la ciudad de San Luis, donde una joven de 15 años manifestó ante un profesor y sus compañeros que estaba participando del desafío “La Ballena Azul” encontrándose en el nivel 15, y mostró los cortes que se venía realizando en sus brazos.
Las autoridades escolares fueron informadas de la situación, convocaron a los padres de la menor, y también concretaron la denuncia ante la jueza Bustos, para que estuviera en conocimiento de la situación y se procediera a la investigación correspondiente.
Además de ordenar acciones para el caso, que se mantienen en reserva, la jueza puso en alerta al Superior Tribunal de Justicia de la provincia para que tomara inmediata intervención y se generaran acciones entre todos los poderes y organismos del Estado, ante este tipo de casos negativos “que atentan contra el derecho a la vida íntegra en sí misma” dijo a Télam la magistrada.
