El fiscal federal Jorge Di Lello imputó hoy a Saúl Enrique Paz, el albañil que confesó haber cobrado 1.500 pesos para firmar, sin previa lectura, un texto que resultó ser una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra la diputada nacional Elisa Carrió. Además, el representante del Ministerio Público le solicitó al juez federal Claudio Bonadio una serie de medidas de prueba para ver qué se esconde detrás del denunciante.
Paz había firmado una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra la legisladora y ésta recayó en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas. En un primer momento, el juez la desestimó y luego debió llamarlo a ratificarla por orden de la Cámara Federal porteña.
“Es mi firma, pero no sabía lo que estaba firmando. A mi una persona del barrio, a quien conocí jugando al fútbol, me pidió que saliera de testigo, que firmara. Me dijo que me iba a dar 1500 pesos y me los dio”, dijo el albañil cuando lo llamaron a ratificar la denuncia. Según consigna la agencia de noticias Télam, en la misma declaración Paz sostuvo que la persona que le pagó por firmar se llama Alan González, un ciudadano peruano que vive en un barrio de 3 manzanas en Derqui.
Por su parte, la diputada nacional de al CC-Ari sostuvo que detrás del albañil denunciante, que figuraba en registros oficiales vinculado a distintas empresas, podía estar el contador Julio César Jiménez, a quien vinculó con los servicios de Inteligencia. Jiménez es un contador y escribano que participó de la constitución de distintas empresas entre las que figura American Tape, vinculada al exjefe de Operaciones de la ex SIDE, Antonio “Jaime” Stiuso.
El fiscal federal Franco Picardi, quien se encuentra subrogando a la su par Ochoa, apeló la desestimación de otra denuncia contra Carrió que el juez Rafecas había desechado junto con la de Paz. En el mismo dictamen que Ochoa había solicitado extraer los testimonios del albañil de 28 años requirió que se iniciara una investigación por otra denuncia contra Carrió realizada en marzo de este año por un abogado llamado Mariano Valdez. Para Ochoa, la denuncia de Valdez no era exactamente igual a la presentada por Paz, por lo que debía iniciarse una investigación sobre el patrimonio de la diputada.
