Cuatro días después de firmado el pacto con Irán el 27 de enero de 2013, el gobierno de ese país pidió a Interpol el levantamiento de las alertas rojas que pesan sobre los 5 iraníes acusados por el atentado contra la AMIA.
Se hizo mediante una carta reservada que firmó el embajador iraní en Francia. Y esgrimió como argumento el acuerdo con Argentina.
En 2013 el entonces canciller kirchnerista Héctor Timerman negó que se hubiese acordado verbalmente levantar los pedidos de captura internacional junto con la firma del memorándum. Pero esa carta y otros elementos demuestran que era ese uno de los objetivos de la movida.
Las alertas rojas, que impiden a esos iraníes viajar por el mundo sin ser detenidos, suponen el único elemento de presión que tiene la Argentina frente a Irán.
Según revelaron fuentes judiciales a Clarín, este dato complica la situación de Timerman, a quien el fiscal Gerardo Pollicita pidió que sea citado a indagatoria junto con la ex presidenta Cristina Kirchner y otros imputados por encubrimiento agravado en la causa que investiga el ataque a la mutual judía, que ocurrió en 1994 y dejó 85 muertos.
Hasta ahora la versión oficial de Timerman es que el acuerdo sólo consistía en notificarle conjuntamente a Interpol la firma del tratado a través de una carta cuya copia llamativamente no se encontró en los archivos de la Cancillería ni en la oficina local de Interpol.
Se basó en una carta del entonces titular de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, del 15 de marzo de 2013, que informaba que el pacto no había tenido ningún efecto sobre las alertas rojas.
Clarín reveló en marzo de este año que tras la firma del acuerdo Noble hizo incluir en las alertas un banner que advertía que la Argentina e Irán estaban buscando un pacto diplomático sobre el conflicto, lo que significó una flexibilización de hecho de la medida.
Timerman se refería a que el 15 de marzo de 2013, en medio de una fuerte polémica local, el consejero jurídico de Interpol Joel Sollier le mandó un mensaje que afirmaba: “La Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Interpol manifiesta que dicho acuerdo no implica ningún tipo de cambio en el estatus de las notificaciones rojas publicadas en relación con los crímenes investigados en la causa AMIA”.
Noble después ratificó ese criterio en declaraciones periodísticas ante las airadas críticas de la DAIA, familiares de las víctimas y la entonces oposición política a los K.
Preocupado, Timerman viajó a Lyon, donde está la sede de Interpol, y se reunió con Noble.
La Cancillería, tras el encuentro, sostuvo que “Noble reafirmó los términos vertidos por el consejero general de Interpol en la carta del 15 de marzo, en el sentido de que el memorándum con Irán no afecta en forma alguna el estatus de las notificaciones rojas emitidas por Interpol a instancias de la Argentina”.
Pero el fiscal Pollicita y otros funcionarios judiciales saben desde hace varios días que existe aquella carta reservada del embajador iraní en Francia.
Entonces, las fuentes se preguntaron: “Si no hubo un acuerdo verbal para dar de bajas las alertas, ¿por qué Irán pidió formalmente su anulación?”.
Seguramente el juez Claudio Bonadio o el fiscal Eduardo Taiano -quien tiene ahora también la causa por encubrimiento que había investigado Pollicita- pedirán formalmente a Interpol una copia de ese documento.
Bonadio, luego de unificar la causa por encubrimiento con la de “traición a la Patria, decidirá antes de fin de mes si acepta el pedido de Pollicita de indagar como sospechosos a Timerman, Cristina y otros altos dirigentes K.
Antes de dejar el caso el fiscal Pollicita pidió una alerta azul -que implica sólo una localización de persona- para Noble así luego lo llamaba a declarar como testigo, pero Interpol le contestó que el ex funcionario “está protegido por la inmunidad diplomática”.
En fuentes judiciales se sabe que Noble reside actualmente en Dubai y que uno de sus ex secretarios en Interpol “está trabajando en un estudio jurídico de Londres contratado por Irán para conseguir el levantamiento de las alertas rojas”, en un claro conflicto de intereses.
Este estudio de abogados presiona constantemente a la comisión de Ficheros de Interpol, que integra desde marzo último el ex titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) Leandro Despouy, como jurista independiente por su rol de relator sobre Derechos Humanos de la ONU.
Se trata de un puesto estratégico, porque esa comisión maneja una base de datos con 1.700 alertas rojas y es la que decide, desde el punto de vista jurídico, si se levantan o no.
A la luz de esta trama secreta sobre las advertencias, en los tribunales de Retiro se están revisando las razones de fondo que tuvo Cristina para hacer nombrar al entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni, como 1 de los 12 miembros del secretariado de Interpol.
“¿Fue para garantizar la vigencia de las alertas o para tapar todo?”, se preguntó un conocedor de los pasillos de Comodoro Py.
Las fuentes estaban sorprendidas porque descubrieron que Timerman, diplomáticos de carrera y espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) viajaron a Montecarlo a la asamblea anual de Interpol en noviembre de 2014 para hacer lobby a favor de la candidatura de Berni.
Incluso afirman que se pagaron “cenas privadas y otras diversiones” a representantes de otros países para conseguir sus votos.
Berni fue elegido. Y en marzo de 2016, 4 meses después de la asunción del gobierno de Mauricio Macri, seguía en su puesto.
Sólo por una orden de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y una hábil gestión del entonces vicecanciller Carlos Foradori se logró “convencer” a Berni de que renunciara.
En su reemplazo fue el actual jefe de la Policía Federal, comisario general Néstor Roncaglia.
Por Daniel Santoro
