La provincia de Tierra del Fuego sigue haciendo honor a su nombre y continúa en llamas por un duro conflicto sindical. La gobernadora Rosana Bertone mantiene su postura de no negociar “bajo extorsión” con los gremios estatales que están en huelga hace 52 días. Las entidades reclaman la derogación de un paquete de leyes que modificó el sistema jubilatorio y el aumento de la escala tributaria provincial.
Hasta tal punto llegó el clima de conflictividad social en el distrito más austral del país que Bertone tiene su oficina en un hotel. Hace 34 días que no puede ingresar a su despacho por un bloqueo en la sede central de la gobernación.
En medio de este escenario de confrontación, la mandataria recibió este semana el respaldo y varios auxilios de parte del gobierno nacional, entre ellos, una asistencia financiera de 500 millones de pesos. Quien se encargó de llevar ese mensaje a Ushuaia fue el ministro del Interior,Rogelio Frigerio.
“La gobernadora ha heredado una situación muy compleja y está trabajando en línea con lo que venimos proponiendo desde la Nación”, señaló el emisario de la Casa Rosada, quien tuvo una reunión con Bertone el lunes pasado. Sobre la crisis provincial, Frigerio resaltó que hay que “decirle la verdad a nuestra gente, no mentirle sobre la situación que heredamos, la situación con la que estamos conviviendo y trabajando para superar los problemas”.
Además de la asistencia económica, la Casa Rosada acordó con su gobernadora aliada del Frente para la Victoria la construcción de 55 nuevas viviendas en la provincia. El entendimiento se rubricó ayer con el secretario de Vivienda y Hábitat, Domingo Amaya, y forma parte de un convenio más grande para edificar de manera conjunta 243 casas y el desarrollo de infraestructura en otras 128 viviendas en las ciudades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
Estos espaldarazos, sin embargo, lejos están de poner fin a la pelea de fondo en curso. Ayer volvieron a registrarse movilizaciones y actos por el centro de Ushuaia. Los sindicatos tienen claro cuál es su objetivo: la derogación de las leyes “del ajuste”. Solo así la huelga y la crisis institucional llegará a su fin, advierten.
Lo que generó la reacción sindical fue la aprobación de la Legislatura de un nuevo regimen jubilatorio en enero pasado. Los cambios establecen un incremento progresivo de la edad para retirarse, al pasar de 45 años a 60, y un aporte solidario para la caja de jubilación que va del 1 al 4,5% para solventar la crisis de los organismos provinciales, entre otros descuentos. Los gremios, sobre todo el docente (SUTEF), exigen que estos cambios sean derogados y se vuelva al sistema anterior.
