El Gobierno ha dispuesto una serie de medidas económicas tendientes a temperar las penurias de las personas más vulnerables.
La presión fiscal general llega por el IVA a todos los consumidores y afecta en mayor medida a las personas de bajos recursos. Todo su ingreso lo disponen para adquirir alimentos y vestimenta, en general alcanzados por el 21%. Allí se muestra crudamente la regresividad de este impuesto. Se calcula que de cada $ 100 que se gastan en alimentos, más de $ 40 son impuestos.
El IVA nació en Alemania en 1919 y desde 1975 está inserto en Argentina, con una tasa que comenzó con el 13% y hoy alcanza al 21%.
Está concebido para que se traslade al consumidor final pero es ponderado mundialmente ante la posibilidad de identificar su monto acumulado al momento de exportarse los bienes y allí entonces devolver el importe total ingresado a las arcas fiscales. Se autoriza ese reintegro llegando al exterior sin impuesto contenido en el precio.
Los agentes económicos que intervienen hasta que lleguen los alimentos al consumidor final no deberían quedar afectados. En la práctica, una reducción de alícuota implica un sensible perjuicio por la acumulación de saldos favorables que permanecen en el tiempo.
Por tanto, disminuir la tasa a ciertos productos alimenticios lejos está de ser la solución, amén de no haber garantía de una disminución equivalente en el precio final.
Una posibilidad es devolver en forma directa gran parte del IVA contenido en los principales alimentos. En Uruguay ya funciona desde el año 2013.
Los beneficiarios de la medida serán los titulares de la tarjeta social utilizada por los jubilados que reciban haberes mínimos, los acreedores de la Asignación Universal por Hijo o del plan Progresar.
Según el proyecto oficial, el reintegro para estas personas será del 15% del precio neto, es decir más del 70% del IVA contenido en la adquisición de ciertos alimentos.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, informó que la devolución le correspondería a 8.300.000 personas y el tope sería de $ 300 mensuales por beneficiario, lo que implica que la persona tendría la ventaja en alimentos de la canasta básica que no superen los $ 2.500 en ese periodo.
Para que la operación se bancarice es obligatorio que las compras se concreten en negocios que funcionen con postnet, y así se exige al comerciante abonar IVA, Ganancias e Ingresos Brutos.
Habrá sin duda negocios alejados de los centros urbanos que deberán amoldarse a la situación y tecnificarse para que sus compradores usuales puedan recibir el subsidio.
Considero acertada la medida que seguramente será aprobada prontamente por el Congreso Nacional.
