Iban a ser 780 viviendas de 3 dormitorios en un predio ubicado en Villa Lugano, en la intersección de las avenidas Castañares y General Paz. El convenio que se firmó en 2008 en el marco del Plan Federal de Viviendas del Ministerio de Planificación indicaba que debían estar terminadas en 24 meses. Sin embargo, 8 años después todavía hay casas que no fueron terminadas. Las obras quedaron a mitad de camino.
Todo comenzó el 26 de marzo de 2008 cuando Ricardo Apelbaum –en representación del Instituto de la Vivienda de la ciudad de Buenos Aires–, firmó un convenio con el entonces apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender y las representantes de la Asociación Civil “Las Esperanzas de un Cambio” Rosana Pacheco, Irma Pacheco y Miriam Aquino.
El costo original de las obras era de $ 151.944.695,78 y fue ampliado en abril de 2011 por otros $ 41.119.805,25: en total $ 193.064.500,98.
INDAGATORIA
En junio pasado, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi llamó a declaración indagatoria a Hebe de Bonafini y otras 42 personas, ex funcionarios y gobernadores.
En el escrito judicial, Martínez de Giorgi dice que la subsecretaría de Obras Públicas transfirió casi $ 750 millones para obras de la Fundación Madres de Plaza de Mayo en todo el país. Pero dice que –según se comprobó– sólo $ 516 millones fueron destinados a obras. No se sabe qué paso con más de $ 230 millones.
“En lo tocante a la efectiva aplicación de los fondos a su destino específico, se determinó que de los $ 748.719.414,64 que la Subsecretaría de Obras Públicas había transferido a las jurisdicciones locales para la ejecución de las obras convenidas y que luego se canalizaron a las distintas cuentas bancarias de la Fundación Madres de Plaza de Mayo –y que representaban el 86% de sus créditos-, sólo la suma de $ 516.247.173,07 pudo ser asociada a débitos asociados con la gestión de obras”, asegura el juez.
INFORME DE LA AGN
Según el informe de la Auditoría General de la Nación sobre las obras de Sueños Compartidos, de diciembre de 2013, la mayor parte de las obras no fueron terminadas y la Fundación Madres de Plaza de Mayo no cumplió tampoco con el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social de sus empleados.
Entre 2008 y 2011, la Fundación empleó a 2462 personas en la obra de Castañares, más del 30 % del total del personal que contrató en esos años en todo el país.
Las obras desarrolladas por la FMPM, inicialmente, se enmarcaron dentro de uno de los Programas Federales de Viviendas: el Programa de Villas y Asentamientos Precarios.
El escándalo de Sueños Compartidos comenzó por una presentación del denunciante Jorge Luis Vitale en mayo de 2011. Vitale denunció que la Fundación Madres había resultado adjudicataria en forma directa de la construcción de viviendas financiadas en el marco del Plan Federal de Construcción de Viviendas, sin licitación.
Después de la pelea entre los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, en marzo de 2012 la obra de Castañares fue cedida por la Fundación a empresas SENTRA S.A.
Hoy, después de que se negara a declarar ante el juez Martínez de Giorgi,Hebe de Bonafini repitió lo que parece ser su defensa: “Creo que las Madres quedamos liberadas de todo lo que tenemos que seguir pagando. No queremos que quede sucia la imagen de nuestros hijos. Urbanizamos villas que quedaron hermosas junto con el ejército. Hemos hecho 21 hospitales. Que la gente tenga sus casas en lugares donde no había, hicimos casas que tenían hasta un baño con discapacitados en Santiago del Estero”. Con los elementos de prueba que tiene en sus manos, será el juez el que defina su situación.
Mientras tanto, varios esqueletos de lo que iban a ser casas para gente necesitada dan muestras claras de la corrupción. Y hay millones de pesos que pagó el Estado de los que ni siquiera hay rastros.
