440.000 muertes y severos lesionados, 143 mil millones de dólares en gastos. Estas estadísticas trágicas podrían ser evitadas, esta fortuna invertida podría ser ahorrada con tal solo adoptar regulaciones básicas en términos de seguridad vehicular en América Latina. La ecuación es publicada por un informe mancomunado entre la Global NCAP y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Si se legislara sobre el sentido preventivo en la industria automotriz, 40.000 vidas de ocupantes y 400.000 afectados de manera grave por los siniestros podrían ser salvados hacia 2030. La solución sería adecuarse a las sugerencias de la ONU en reglamentaciones estándar para la región. El Laboratorio de Investigación del Transporte del Reino Unido (TRL, por sus siglas en inglés) diagramó un estudio independiente que luego articuló sus conclusiones en sintonía con las recomendaciones liberadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y las Metas Mundiales para el Desarrollo Sostenible.
El propósito de esta investigación era predecir cuántas muertes y heridos podrían evitarse en cuatro países latinoamericanos: Argentina, Chile, México y Brasil, si se establecieran normativas de seguridad mínimas para vehículos a través de los programas de pruebas de choque de consumidores. La Organización de las Naciones Unidas considera normas principales las 14 y 16 -cinturones de seguridad y anclajes-, 94 -protección para ocupantes en impacto frontal- y 95 -protección para ocupantes en impacto lateral-.
De acuerdo a información que el licenciado Pablo Azorin, jefe de Seguridad Vial de la Federación Internacional del Automóvil para Latinoamérica, le suministró a Infobae, la inversión en seguridad con bolsas de aire y sistema ESC -control electrónico de estabilidad- oscila entre los USD 250 y USD 300. “Para algunas compañías la seguridad representa costos en línea de producción. Es nuestra principal lucha: para nosotros los costos de vida resultan mucho más importantes”, explicó.
La estadística obscena y dramática funciona como alarma para advertir las consecuencias de fabricaciones irresponsables. Modelos 2016 populares, económicos, de gran distribución aún no presentan de fábrica elementos prioritarios como airbags o frenos ABS, dos componentes que desde enero de 2014 son obligatorios incluirlos en todos los modelos de producción nacional. Latin NCAP pondera a Ecuador como el país más comprometido de la región y califica el entusiasmo de los mercados de Argentina, Brasil y Uruguay.
El estudio predice la prevención de vidas entre 2016 y 2030. Una evaluación económica sugiere que estas reducciones en el número de víctimas podrían ahorrar hasta $143 mil millones de dólares en el mismo período. David Ward, Secretario General de Global NCAP, analizó la ecuación desde un punto de vista panorámico: “El resultado de este informe es claro. Los costos de mejorar los vehículos de la población de América Latina para lograr lo requerido por la ONU es una minúscula fracción de los $143 mil millones que se ahorrarían”.
Dalve Soria Alves, especialista Senior de Transporte y Coordinador de Seguridad Vial del Banco Interamericano de Desarrollo, comparó las regulaciones de la región con las políticas de aplicación europeas: “Algunos países de América Latina han comenzado el proceso legislativo y ahora están aplicando algunas normas que son similares a la de Unión Europea y a la de otras regiones industrializadas, pero sigue habiendo una brecha significativa entre las normas de seguridad de los vehículos regulados en las regiones industrializadas con los de América Latina. En particular, las pruebas de impacto frontal y lateral deberían ser obligatorias y aplicadas a todos los vehículos nuevos que se quieran vender en toda la región”. Sobre la necesidad de regular la actividad y aplicar legislaciones de fondo, se refirió María Fernanda Rodríguez, Presidente de Latin NCAP: “Este reporte demuestra que se tienen que implementar las regulaciones de la ONU en América Latina. Sabemos que si los fabricantes no cooperan, los gobiernos tienen que actuar ahora para salvar vidas de sus ciudadanos que merecen los mismos niveles de protección que los usuarios estadounidenses o los europeos”.
Democratizar la seguridad vial es la propuesta de esta investigación que busca el impacto con la difusión de estrepitosas cifras trágicas. Es la conclusión que aborda Richard Cuerden, Jefe Científico del Laboratorio de Investigación del Transporte del Reino Unido, quien aboga sobre este sentido de universalizar las regulaciones sobre la industria automotriz: “Existe una necesidad urgente de adoptar los reglamentos de seguridad secundarios para vehículos impuesta por las Naciones Unidas en América Latina. Tales normas han estado en vigor en la Europa hace décadas y evitarían las innecesarias muertes y lesiones de cientos de miles de personas. El establecimiento de una protección más común y equitativa en el caso de una colisión, para todos los usuarios de vehículos, sin importar la región, sería un gran paso para la democratización de la seguridad vial”.
Por Milton Del Moral
