“La conducta reprochada a los nombrados y por la cual se solicita se los convoque en los términos del artículo 294 del CPPN resulta constitutiva de una grave violación a los derechos humanos”. Así comienza el extenso dictamen del fiscal federal Gerardo Pollicita por el cual pidió que sea citada a prestar declaración indagatoria la ex presidente Cristina Kirchner y 13 imputados más entre ex funcionarios y dirigentes cercanos al kirchnerismo.
Según Pollicita, el tipo penal por el que debe declarar la ex mandataria es agravado por tratarse del encubrimiento, cuyo hecho precedente es un delito de lesa humanidad, y por la calidad de funcionarios públicos de aquellos que reunían tal condición.
Para el fiscal existió un plan criminal destinado a dar ayuda que le permita dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní acusados por el atentado a la sede de la AMIA. Todo esto en desmedro de los intereses de las víctimas y el esclarecimiento del ataque terrorista.
El accionar delictivo denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman fue orquestado y puesto en funcionamiento por las altas autoridades del anterior gobierno. Pollicita destaca puntualmente a Cristina Kirchner y al ex canciller Héctor Timerman, quienes, a su vez, contaron con la colaboración activa de distintos funcionarios públicos. En el dictamen el fiscal señala a la ex procuradora del Tesoro, Alejandra Abbona, al ex jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena, al diputado nacional Andrés “Cuervo” Larroque, y a los ex funcionarios de la Cancillería Luciano Tanto Clement, Holger Martinsen, Eduardo Zuain y Susana Ruiz Cerutti.
La maniobra –por su complejidad– requirió de canales paralelos de comunicación y negociación, que no fueran oficiales, y lo suficientemente confiables y eficientes para poder avanzar con el objetivo criminal. En esa instancia habrían intervenido Luis D’Elía, Fernando Esteche, Ramón Bogado, Héctor Yrimia y Alejandro Khalil.
El medio que eligieron para concretar el plan fue el Memorando de Entendimiento con Irán que se firmó el 27 de enero de 2013 en Etiopía. Este instrumento iba a permitir, por un lado, remover, suspender o morigerar las restricciones a la libertad que afectaban a los acusados, y por el otro, el acuerdo disponía la creación de la “Comisión de la Verdad”, cuyo rol central iba a ser en realidad exculpar a los imputados iraníes introduciendo una nueva hipótesis acerca de cómo fue el atentado.
Según el fiscal, esta maniobra escondía como finalidad un acercamiento entre ambos Estados, relación que no era viable mientras se mantuviera la acusación sobre los ciudadanos iraníes.
Como resultado de este accionar, Cristina Kirchner y el resto de los integrantes del grupo acusado del encubrimiento acordaron la firma del Memorando que “lejos de procurar justicia, estaba destinado a obstruirla e impedirla” dándoles impunidad a los imputados por el atentado a la sede de la AMIA.
