El Ministerio de Hacienda calculó que el proyecto de ley para retrotraer las tarifas de electricidad, gas y agua corriente a los valores del año pasado le costaría al fisco 115.029,25 millones de pesos.
Ese costo fiscal inflaría en un tercio el déficit primario que el Ejecutivo estimó en el Presupuesto 2018, de $ 395.612 millones. A comienzos de mayo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció un recorte en la meta fiscal de 0,5 puntos, de 3,2 puntos del PBI a 2,7 puntos del Producto. Por eso, según los números oficiales, el proyecto de tarifas de la oposición complicaría aun más el objetivo de reducir el desbalance entre ingresos y gastos.
El proyecto de ley, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y se tratará este miércoles en Senadores, dispone retrotraer las tarifas de los servicios públicos de electricidad, gas y agua corriente (en el área metropolitana) a los vigentes antes del 1 de noviembre de 2017.
También establece que, a partir de ese día, los servicios deberán actualizarse en sintonía con el Coeficiente de Variación Salarial.
Y, por último, obliga a las empresas concesionarias a devolver lo pagado en los últimos meses por encima de la nueva actualización de precios propuesta.
La proyección de Hacienda se conoce en momentos en que la Casa Rosada avisa que, de aprobarse la ley, la vetará inmediatamente.
Los cálculos realizados por Dujovne y su equipo suponen que desandar las tarifas de la electricidad costará al erario público $74.936,25 millones. Revertir los últimos aumentos de gas, en tanto inflaría subsidios en otros $ 34.643 millones. Y a eso agrega 5450 millones de pesos como costo impositivo de quitar tributos en AySA.
Sin embargo, los cálculos oficiales contienen inexactitudes. Los funcionarios incluyeron en sus números la rebaja del IVA en los servicios públicos al 10,5%. El proyecto que salió de Diputados y llegó al Senado mantiene el impuesto en el 21 por ciento para usuarios residenciales.
Esa menor carga impositiva estaba en el proyecto original que firmaron el Frente Renovador y el Bloque Justicialista, pero los diputados no lo convalidaron. Luego, en el Senado, el oficialismo intentó negociar un recorte en el IVA (coparticipable) para no tocar las tarifas, algo que no prosperó.
La cartera de Dujovne también advirtió que recortes similares en las tarifas de transporte y telefonía implicarían subsidios adicionales por 25.000 millones de pesos. Esos servicios no están incluidos en el proyecto que se discute en el Senado.
Números disímiles
El proyecto de la oposición para retrotraer tarifas suscitó distintos cálculos de costo fiscal para el Estado.
La comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados estimó que el proyecto le significaría al fisco un gasto adicional de 80.000 millones de pesos. Pero contemplaba un recorte en el IVA a 10,5% (que, finalmente, no se votó) y un dólar más cercano a los 20 pesos que a los actuales 25 pesos.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) también calculó una expansión del gasto público del orden de los 80.000 millones de pesos.
Pero el ministro de Energía, Juan José Aranguren, estimó que la reimplantación de subsidios costaría 6000 millones de dólares, o 150.000 millones de pesos, al cambio actual.
En tanto, los legisladores opositores que enarbolaron el proyecto estimaron un costo de implementación mucho más conservador, de 26.250 millones de pesos para 2018.
Más allá del número, las empresas generadoras, transportistas y distribuidoras de electricidad y gas advirtieron que la retracción de tarifas detendría inversiones para la mejora de los servicios. Las renegociaciones contractuales implicaron un sendero de aumentos tarifarios y de desembolsos para obras de expansión y mantenimiento de las redes de luz y gas.
