La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a una nueva audiencia entre el Estado y la empresa Correo Argentino S.A. para el 16 de marzo, luego de que el gobierno de Mauricio Macri presentara esta mañana un escrito para dejar sin efecto el acuerdo.
Tal como lo había anunciado el Presidente, la presentación judicial hecha por el Ejecutivo busca volver a “foja cero” el pacto sellado en junio con la empresa de su familia tras el escándalo generado. Por ese acuerdo, Macri resultó imputado por perjuicio patrimonial multimillonario a las arcas del Estado. Además, generó críticas de opositores y e incluso oficialistas.
Se espera que el Gobierno presente una nueva propuesta de pago en reemplazo de la actual, rechazada por la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Gabriela Boquín por considerarla “abusiva”.
Según el abogado de la empresa, Jaime Kleidermacher, el acuerdo no existe hasta que esté homologado, por lo tanto, “en términos jurídicos no hay acuerdo, entiendo que se puede volver para atrás”.
La marcha atrás por el tema Correo
“Tengo que reconocer que faltó algo de mi parte”, reconoció Mauricio Macri en conferencia de prensa desde Casa Rosada, al anunciar que el Gobierno buscaría volver a foca cero el acuerdo con el Correo. El Presidente habló de “otros estándares de transparencia” fijados por su administración, al recordar que decidió crear el año pasado, al inicio de su gestión, un fideicomiso ciego para que administrara su patrimonio y que “nadie tenga dudas”.
“No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre”, dijo.
Un día después de esos dichos, Macri les ordenó a sus funcionarios, sobre todo los de la Oficina Anticorrupción (OA) implementar un protocolo para saber cómo proceder ante eventuales contactos con empresas de Franco Macri.
El Gobierno busca ponerle fin al tema de fondo: las incompatibilidades de la función pública con las empresas del entorno familiar. Es decir, que cada funcionario (ministros, secretarios o responsables de áreas) sepan cómo proceder cada vez que les toque tomar decisiones o negociar con alguna de las muchas empresas del padre del Presidente.
