Durante 5 horas, 18 expositores hablaron a favor y en contra de la legalización del aborto en lo que fue la primera jornada del plenario de comisiones del Senado. Representantes de la salud, del derecho penal y de credos contestaron preguntas de los integrantes de las comisiones de Salud, de Justicia y de Asuntos Constitucionales con la fecha del 1 de agosto como límite para firmar o no el dictamen que luego llegará al recinto.
La secretaria general del Sindicato de Amas de Casa, María Lucila Colombo; el rabino Fernando Szlajen; el abogado Manuel García Mansilla; el urólogo Fernando Secin y el director ejecutivo de Fundación Huésped, Pedro Cahn, fueron algunos de los expositores del martes en comisión.
También hablaron ante los senadores la médica y psicoanalista Martha Rosenberg; la médica especialista en epidemiología y políticas de salud Patricia Rosemberg; la licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales Daniela Yozzi; el abogado penalista Hernán Munilla Lacasa y el abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales Martín Farrell entre otros expositores.
La secretaria general del sindicato de Amas de Casa señaló que las mujeres “no deben ser penalizadas cuando practican un aborto”, aunque aclaró: “No creo que la interrupción voluntaria del embarazo sea un derecho que tenemos sobre nuestro cuerpo. Es una realidad dolorosa que padecemos”.
De todas formas, Colombo cuestionó que una mujer sea “maltratada y humillada” cuando recurre a un hospital para practicarse un aborto. Por otra parte, dijo que la posición del Gobierno fue “muy hipócrita” porque “nos sometió a esta discusión para dividirnos”. “El ministro de Salud sostiene que hay que legalizar el aborto y habla como si estuviéramos en Alicia en el país de las maravillas, pero en la salita no hay preservativos”, agregó. Y llamó a los legisladores a trabajar en la prevención.
A su turno el rabino Fernando Szlajen consideró que “la Biblia, base de nuestra civilización, reconoce la vida humana desde la concepción; hoy respaldada por la bibliografía embrionaria, biológica y genética”. Y opinó: “El aborto a demanda no es un problema sanitario, ni jurídico sino humano: es el síntoma más crudo de la ética donde el individuo y sus intereses son el bien supremo”.
Pedro Cahn, director de la Fundación Huésped, criticó la reacción de los médicos que “festejaron en los medios” que no harán abortos si se aprueba la ley. “Me recuerda a la objeción de conciencia de hecho que muchos practicaron con las personas HIV + en el comienzo de la epidemia”, sostuvo.
El infectólogo líder de la lucha contra el VIH/sida en el país manifestó que la objeción de conciencia “no habilita a cercenar el derecho de acceder al aborto que sí es un problema de salud pública”. “Mirar para otro lado es ser parte del problema. Cuando una mujer decide interrumpir un embarazo queda solo una vida por proteger, la de la mujer”, concluyó.
Por su parte el abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales Martín Farrell también defendió el aborto legal y dijo que el proyecto con media sanción “recoge el menor valor de la vida del feto en las primeras 14 semanas”. “Debemos reconocer que la vida humana va aumentando de valor a medida que el embarazo se desarrolla”, opinó. Y afirmó que “no tiene el mismo valor un feto de dos meses que uno de ocho”. Para Farrell, cuando el embarazo está más avanzado hay “más inversión de afecto, cariño y esperanza”.
El abogado expuso que el principio moral que sustenta la iniciativa es el de la autonomía de diseñar y llevar a cabo un plan de vida. “La autonomía es el fundamento del liberalismo, el liberalismo es el fundamento de la Constitución Nacional. Llegó el momento de traer al Código Penal al siglo XXI”, manifestó.
La socióloga María Elena Critto presentó estadísticas oficiales actualizadas al 2016 e indicó que el embarazo terminado en aborto es la causa de mortalidad materna número 70 y que tiene una incidencia de 1 cada un millón. Según dijo, las principales causas de muerte materna en el país son las enfermedades crónicas no transmisibles; entre las que figuran las infecciones asociadas a la cesárea y al parto y la muerte materna por hipertensión y por hemorragias.
Critto informó que los registros de mortalidad materna están avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en informes que califican las estadísticas oficiales como “completas y de buena usabilidad”. “En la Argentina no existen muertes maternas bajo la alfombra. Toda muerte materna es registrada y certificada por un profesional de la salud ya sea en la calle, en su domicilio o en un hospital privado”, concluyó.
Se espera que el dictamen de comisión se firme el 1 de agosto, para que el pliego que cuenta con media sanción en Diputados se vote en el recinto el 8 de agosto.
El proyecto de aborto legal fue aprobado en la Cámara baja con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención. La iniciativa legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, bajo el solo requerimiento de la mujer. También dispone que la práctica sea gratuita y de prestación obligatoria en todos los centros de salud públicos y privados del país. Por otro lado, habilita a partir de la semana 15 el aborto en casos de violación, imposibilidad de la vida extrauterina o riesgo de salud para la mujer.
