El fiscal federal Guillermo Marijuán dictaminó hoy a favor de abrir una investigación sobre el origen del dinero que le fue sustraído a la vicepresidenta Gabriela Michetti la noche en que Mauricio Macri ganó el balotaje presidencial.
El dictamen sostiene que el origen de los fondos podría configurar un “delito de acción pública” y, en tal sentido, le recomienda al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba para avanzar en ese sentido.
Fuentes del Ejecutivo manifestaron “estar tranquilos” con la situación de la vicepresidenta y la investigación judicial, y afirmaron que “ya se presentaron todos los papeles”.
El 22 de noviembre pasado se llevaron de la casa de Michetti, en el barrio porteño de Balvanera, 245 mil pesos y 50 mil dólares que estaban guardados en distintos ambientes de la vivienda, aunque el episodio tomó estado público recién en el mes de julio.
Michetti explicó que 200 mil pesos eran parte de una donación a la fundación SUMA, que preside; 45 mil pesos estaban dedicados a gastos corrientes y de una refacción edilicia, y los 50 mil dólares eran un préstamo de su pareja para un post-grado de su hijo, algo que -aseguró- consta en la declaración jurada de ambos.
En este marco, Marijuán acogió favorablemente las denuncias presentadas por el abogado Leonardo Martínez y por los diputados Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade, y decidió impulsar la investigación.
Sobre la base de esa denuncia, Marijuán consideró que Michetti podría revestir la calidad de “imputada”.
Al momento de la trascendencia pública del robo, la vicepresidenta detalló en su cuenta de Facebook y a través de diversos medios que “no” tiene “nada que ocultar” sobre el origen del dinero.
Además, en aquel momento, aseguró: “Creo que soy la política con menos patrimonio del país, tengo solo la mitad de mi casa y la otra parte es de mi hijo, no tengo cuentas en el exterior, no tengo cajas de seguridad, ni un auto tengo. No he crecido en patrimonio”.
Con relación al ocultamiento del robo, la Policía Metropolitana explicó en un comunicado que se mantuvo “en estricto secreto” por pedido “tanto de la fuerza como de la Justicia”.
“El motivo del hermetismo fue para no alterar la investigación, dado que se sospechaba del círculo más íntimo de la vicepresidenta”, indicó la fuerza de seguridad porteña.
Por último, el oficial mayor de la PM procesado por el hurto a la vicepresidenta, Juan Pablo Cruzado, pagó 20 mil pesos de fianza a fines de julio para recuperar la libertad, aunque sus bienes fueron embargados hasta cubrir un millón de pesos, “acorde a la trascendencia económica del delito de que se trata”.
Así, la Sala Cuarta de la Cámara del Crimen consideró que el policía no representa “riesgos procesales” que justifiquen su encierro.
