El Supremo Tribunal Federal juzgará un pedido de habeas corpus del expresidente, favorito para las elecciones de octubre, para poder apelar su condena en libertad; si se lo deniega podría ser arrestado.
El destino de Luiz Inacio Lula da Silva mantiene en vilo a Brasil. Con manifestaciones a favor y en contra, todas las miradas estarán hoy puestas sobre el Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, donde se juzgará un pedido de habeas corpus que puede evitar que el popular expresidente, favorito para las elecciones de octubre, vaya a prisión pese a la condena en segunda instancia por corrupción y lavado de dinero.
La defensa de Lula aboga para que al exmandatario se le permita seguir en libertad mientras apela su sentencia a 12 años y un mes de cárcel ante las instancias superiores: el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el propio STF. Una decisión en ese sentido, que modificaría la jurisprudencia de la Corte revisada en 2016, no solo afectaría al máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT) y probablemente el resultado de los próximos comicios. El cambio significaría también un duro revés para la operación Lava Jato, cuyas investigaciones anticorrupción pusieron tras las rejas a importantes políticos y empresarios gracias a instrumentos como las delaciones premiadas y prisiones preventivas.
El propio juez federal Sergio Moro, que tiene a su cargo la mayoría de los casos del Lava Jato en Curitiba, ha advertido que la modificación del entendimiento actual del STF llevaría a dejar libres también a muchos otros condenados en segunda instancia que podrían apelar por años los fallos hasta que sus crímenes proscriban. Sería -resaltó- un camino para garantizar la impunidad de los más poderosos.
Una decisión de impacto incierto para la estructura de condenas
El año pasado, Moro halló a Lula culpable de haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex en Guarujá como soborno en especie a cambio de haberle conseguido contratos con la estatal Petrobras durante su gobierno (2003-2010). El expresidente apeló el fallo, pero en enero el Tribunal Regional Federal en Porto Alegre no solo ratificó la sentencia, sino que aumentó la pena original de nueve años y medio de prisión a 12 años y un mes. Con esta confirmación de la condena, Lula además de quedar en teoría inhabilitado para competir en los comicios de octubre (ley electoral de ficha limpia), debería ir preso. Sin embargo, sus abogados interpusieron ante el STF el pedido de habeas corpus preventivo que debe ser analizado hoy y mientras tanto está protegido por una medida cautelar. Más allá de este caso, el exmandatario está procesado en otras seis causas vinculadas con el Lava Jato.
Bajo presión
Por todo lo que está en juego, la sesión del STF de esta tarde se da en un ambiente político muy polarizado, cargado de tensión y presiones a la Corte. En los últimos días, simpatizantes y opositores a Lula, de 72 años, organizaron actos en todo el país en los que hubo insultos, enfrentamientos y hasta episodios más peligrosos de violencia: la semana pasada, desconocidos dispararon balazos contra dos ómnibus que formaban parte de una caravana de Lula por el estado de Paraná; nadie resultó herido.
“Vivimos tiempos de intolerancia y de intransigencia contra personas e instituciones. Por eso, este es un tiempo en el que hay que pedir serenidad. Serenidad para que las diferencias ideológicas no sean fuente de desorden social”, exhortó anteayer en un inusual video la presidenta del STF, Carmen Lucía Antunes Rocha.
Se espera que hoy grupos de ambos lados repitan manifestaciones en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, frente al STF. Ayer la Corte recibió documentos respaldados por miles de firmas a favor y en contra del cumplimiento de las penas de prisión tras condenas en segunda instancia. Más de 5000 jueces y fiscales respaldaron el mantenimiento de la actual jurisprudencia de la Corte. Otros 3000 signatarios, enmarcados en el Instituto de Defensa del Derecho de la Defensa y la Asociación Nacional de Defensores Públicos, entre otras entidades, señalaron que el encarcelamiento tras una decisión en segunda instancia hiere el principio constitucional de presunción de la inocencia.
En tanto, la fiscal general, Raquel Dodge, también reclamó que se deniegue el pedido de Lula. “Una Justicia que tarda es una Justicia que falla”, señaló ayer.
Los once miembros de la Corte están muy divididos sobre qué postura tomar. Cinco de ellos se inclinan por mantener la jurisprudencia actual, mientras que otros cinco han dado señales de alterarla. Quien podría terminar por definir la balanza sería la jueza Rosa Weber, que aunque respalda un cambio en la jurisprudencia, ha siempre actuado según lo resuelto por la mayoría del colegiado en 2016.
“Espero que la Corte Suprema haga justicia, que me devuelvan la inocencia. Quiero que voten el mérito de mi proceso”, clamó anteanoche Lula en un acto en Río de Janeiro, donde presentó la candidatura a gobernador de su excanciller Celso Amorim. Y reiteró que todo es una persecución política de la “dictadura del Ministerio Público” para que no sea candidato en octubre.
Aunque la legislación electoral no permite que una persona condenada en segunda instancia sea candidato a un cargo electivo, la decisión final la tendrá el Tribunal Superior Electoral (TSE) en agosto, cuando se presenten las fórmulas oficiales de cada partido.
“Podrá presentar un recurso especial ante el STJ si considera que en el proceso no se respetaron leyes federales o el proceso penal, y también un recurso extraordinario ante el STF si se alega que se violaron principios constitucionales. Ambos recursos estirarían una condena definitiva hasta al menos después de las elecciones”, señaló a LA NACION la criminalista Fernanda de Almeida Carneiro, profesora del Instituto de Derecho Público, en San Pablo.
Mientras tanto, la Policía Federal ya tiene preparado un plan por si la Corte niega el habeas corpus a Lula y el juez Moro decreta en las próximas horas su arresto. El expresidente sería trasladado de inmediato a una prisión especial en Curitiba, rodeada de fuertes medidas de seguridad ante la eventualidad de que la militancia petista intente protegerlo o que se generen disturbios entre seguidores y opositores.
