El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender continúa con su descargo tras ser procesado junto a su hermano Pablo y Hebe de Bonafini por defraudación con el programa de viviendas ” Sueños Compartidos “, financiado con fondos del Plan Federal de Construcción de Viviendas.
En diálogo con A24 Schoklender dijo que Hebe “no es una pobre viejecita que firmaba todo lo que le pedían”, y aseguró que la titular de Madres de Plaza de Mayo no se enriqueció con el dinero de la fundación, pero que sí “financió campañas políticas” kirchneristas.
“Hebe no se enriqueció ella personalmente, lo que hizo fue financiar, a través de lo que sobraba de ‘Sueños Compartidos’, la universidad, el centro cultural que funcionaba en la ex Esma, la radio, actos y movilizaciones; derivaba el dinero a actividades de las Madres hasta donde me parecía excesivo. Pero ella comienza a financiar campañas políticas de los candidatos que Cristina le indicaba”, sentenció.
Schoklender resaltó además que su abogado defensor “encontró las cartas de escribanía donde se certifica que Hebe autoriza, en diferentes oportunidades ante escribano público, a que un fideicomiso que constituyó el contador Aybar Roberto Domínguez -puesto por Amado Boudou en la fundación- cobrara todo lo que le correspondía pagar a la fundación, que era dinero para sueldos, proveedores y las cargas moratorias”.
En ese sentido, afirmó que “no hay faltante de casas ni sobreprecios”, y que el procesamiento por defraudación a la administración pública dispuesto por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi en realidad “es una deuda de cargas sociales de la fundación”.
“El juez dice que falta ese dinero porque esa es la deuda de cargas sociales de la fundación. La deuda original, de 95 millones, con intereses y punitorios llegó a 206 millones (…) . Cuando yo dejo la fundación, Hebe da la orden de que no se pague, no solo a los proveedores, sino que además tampoco se continúe pagando la moratoria”, dijo. “No hay malversación de dinero. El juez entiende que la plata que hace falta es de trabajadores que trabajaron en obra pública, por lo que relaciona eso con defraudación”, concluyó.
