Unos mil productores asociados a la cooperativa Sancor aprobaron esta tarde el plan de reestructuración de la empresa en una asamblea realizada en Sunchales, Santa Fe.
Los cooperativistas votaron avanzar con el plan de recortes de la compañía, que incluye la venta de tres plantas (Centeno, Moldes y Brinkmann) y la búsqueda de socios locales o del exterior para sacar la empresa a flote. La venta de la láctea no está descartada ni mucho menos, aunque debería cambiar de figura legal y convertirse en sociedad anónima. El ajuste también comprende el despido de personal de la firma, que cuenta con 4700 empleados.
Las plantas suelen dar empleo a comunidades internas. Por eso, los gobiernos provinciales y el Ejecutivo nacional siguen de la evolución del conflicto con atención.
Sancor tiene en vilo a miles de productores tamberos de Santa Fe, Córdoba y el norte de Buenos Aires. Muchos de ellos se alejaron de la cooperativa y dejaron de proveerle leche. La empresa necesita operar con 1,5 millón de leche fluida para recuperar la producción, y en la actualidad solo reúne 800 000 litros. Los tamberos se alejaron ante la creciente demora en los pagos.
La situación se hace notar en las góndolas, donde la leche, los yogures y los quesos crema escasean. Otros productos “premium”, como postres y quesos, llegan a los supermercados, porque Sancor vendió su operación tiempo atrás. Era el negocio más rentable de la firma y debió sacárselo de encima para conseguir dinero. Los asambleístas votaron hoy vender a Vicentín el 10 por ciento del negocio de productos frescos que todavía tenía en su poder. La aceitera ya posee el 90 por ciento restante de esa área.
La reestructuración de la compañía es condición necesaria que fijó el Gobierno para completar la asistencia financiera a Sancor. El Ejecutivo comprometió 450 millones de pesos. Ya giró $ 250 millones para que la cooperativa pudiera pagar salarios atrasados y envíos de los productores.
Los productores aprobaron confeccionar un fideicomiso para gestionar la firma, condición que había impuesto el Gobierno para transferir el dinero. Los cooperativistas también votaron reclamarle a la Cancillería que inicie gestiones con el gobierno de Venezuela para cobrar la deuda que la empresa tiene por la venta de leche en polvo a ese país. Son unos 35 millones de dólares.