En el fárrago de leyes que el Congreso encara en el sprint final hay una que puede empujar a Mauricio Macri en una posición incómoda: tener que vetar un proyecto “social” que además de tener el respaldo de la oposición y la CGT, cuenta con la bendición del papa Francisco.
El miércoles pasado, un plenario de comisiones del Senado, le dio dictamen favorable al proyecto que declara la “Emergencia social”, fija un esquema de registro y organización de la llamada “economía popular” y crea una categoría salarial inédita: el “salario social complementario”.
El proyecto impulsa un mecanismo para que los trabajadores “informales” se anoten en un registro para recibir el SSC que consistiría en garantizar que lleguen al monto equivalente del salario mínimo, vital y móvil, que desde septiembre asciende a 7.560 pesos.
La emergencia incluye, además, un shock: un aumento del 15% en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Y establece que, a lo largo de un año, el gobierno debería crear un millón de “puestos de trabajo” como parte del Programa Solidario de Ingreso Social.
El texto produce un ensamble que une a casi toda la oposición: de Fernando “Pino” Solanas a Miguel Pichetto, de Jaime Linares del GEN de Margarita Stolbizer a Juan Abal Medina, del peronista de Santa Fe Omar Perotti y a la evitista Teresita Luna, de la puntana Liliana Negre de Alonso -que reporta a los Rodríguez Saá- a la K Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner.
El armado es más amplio. En las conversaciones previas, hubo sintonía con diputados del Frente Renovador de Sergio Massa: las organizaciones sociales que empujan la “emergecia” se vieron con Graciela Camaño, Felipe Solá y Facundo Moyano.
Y hablaron, también, con Margarita Stolbizer y Victoria Donda.
Según el plan que anticiparon a Clarín desde el Congreso, en noviembre el proyecto llegaría al recinto donde sería aprobado con los votos del PJ, el FpV, el GEN, Proyecto Sur y peronistas díscolos, y pasaría a Diputados donde habría un “compromiso” del massismo de impulsarlo.
En el Diputados, desde el PRO, advierten que tal como lo impulsa el Senado, la iniciativa marcha a ser el segundo veto de Mauricio Macri por el costo fiscal que implicaría. El anterior fue a la Ley Antidespidos.
En Gobierno dan por hecho que la ley saldrá del Senado y confían que, por la dinámica legislativa, no llegue a tratarse este año en la Cámara Baja. Si eso ocurriese, dan por hecho que Macri recurriría al menos a un “veto parcial”.
“El tema empezó sin demasiado volumen y fue avanzando: ahora, ante la posibilidad cierta de que se convierta en Ley, tenemos que evaluar qué hacer” le dijeron a Clarín desde Desarrollo Social.
Algo más: la iniciativa cuenta con el respaldo de la CGT unificada que tiene el triple comando de Juan Carlos Schmid, Héctor Daer (diputado del FR) y Carlos Acuña. De hecho, está en preparación una movilización de la central obrera y movimientos sociales para el 18 de noviembre al Congreso a reclamar la aprobación de la Ley de Emergencia Social.
“No hay respuestas del gobierno. Si no hay señales, en vez de marchar al Congreso podríamos ir a plaza de Mayo”, explicó uno de los organizadores a Clarín.
El plan tuvo entre sus promotores a Juan Grabois, el dirigente de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), un protegido papal a quien Francisco designó consultor del Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano.
Grabois fue uno de los dirigentes argentinos que este fin de semana participó del Tercer Encuentro Mundial de Movimientos Populares donde estuvieron, además, Daniel Menéndez de Barrios de Pie (BdP), Gildo Onorato del Movimiento Evita y el diputado Leo Grosso.
Por: Pablo Ibáñez
