El juez Sebastián Casanello se declaró hoy incompetente en la investigación sobre el origen del dinero proveniente de la obra pública del empresario K Lázaro Báez y remitió esa parte de la causa a su colega Julián Ercolini. En los tribunales federales avanzó así un proceso judicial que terminará concentrando todas las denuncias por irregularidades en la concesión de obras públicas contra Cristina Kirchner en la causa que investigan el juez federal Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita. Néstor y Cristina le dieron contratos por 2.200 millones de dólares a Báez.
Por un lado, esta tendencia complica la situación judicial de la ex presidenta y dejará al expediente de Ercolini como una “causa madre”. Por otro, constituye una retrasada reivindicación de la estrategia que planteó en el 2008 la diputada del ARI-CC Elisa Carrió para que se investigue los grandes contratos de la era K y sus ejecutores como una asociación ilícita, es decir una banda encarnada en el poder para hacer negocios personales. En el 2008, el juez Ercolini había decidido dividir la denuncia de Carrió en varios expedientes y, hasta ahora, se venía siguiendo esa tendencia.
Según informó hoy el Centro de Información Judicial, el juez Sebastián Casanello “se declaró incompetente en el tramo de la investigación referido al origen del dinero de Lázaro Báez y remitió esa parte de la causa” al magistrado Julián Ercolini.
Casanello hizo así lugar al pedido del Guillermo Marijuan para que se remita al juez Ercolini “la parte de la causa conectada con la investigación sobre la obra pública” asignada durante el Gobierno de Cristina Kirchner.
La parte de la causa remitida a Ercolini es la referida a la asignación de obra pública a Báez, empresario del sector de la construcción, en la sureña provincia de Santa Cruz.
Mientras Ercolini, quien ha citado a declarar a Cristina Kirchner para el 20 de octubre, investiga la trama de adjudicación de obras públicas, la causa que lleva adelante Casanello está centrada en las supuestas maniobras de lavado de dinero llevadas adelante por Báez, detenido desde abril por este presunto delito.
El pasado 30 de junio la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal ratificó el procesamiento dictado contra Báez y remarco que las denuncias contra el empresario apuntan a la obra pública, desde la que “habrían partido las cantidades muchas veces millonarias cuyo manejo y traspaso se investiga”.
Por: Daniel Santoro
