El robo de celulares es un problema de seguridad que durante mucho tiempo fue tomado como un delito menor en comparación con otros crímenes. Pero adquiere mayor relevancia cuando se conoce que afecta cada día a más de 5000 argentinos. Y no se trata sólo de hurtos; algunas sustracciones son tan violentas que llegan hasta el asesinato de la víctima. Esos teléfonos manchados de sangre alimentan el mercado clandestino de equipos. Ahora, el Gobierno busca poner freno a esa situación con una reforma en el sistema: sólo podrán funcionar las líneas instaladas en equipos efectivamente registrados ante las compañías prestatarias del servicio.
“Es necesario fijar los criterios de registración de usuarios y de servicios, como así también la información asociada a cada línea y establecer el procedimiento, el carácter de los datos y los plazos en que las personas humanas deberán registrarse”, se estableció en la resolución conjunta firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Comunicaciones, Oscar Aguad, publicada ayer en el Boletín Oficial.
Equipos técnicos de esos ministerios y del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) trabajan en la implementación del nuevo sistema. El Gobierno había aprobado en mayo una directiva dirigida a las empresas de servicios de telefonía celular en la que se dispuso el bloqueo de las líneas y del número de serie -conocido como Identidad Internacional de Equipo Móvil (IMEI, según sus siglas en inglés), de los aparatos reportados como robados.
Pero eso no detiene el mercado ilegal, ya que los IMEI pueden ser alterados. Por eso la Casa Rosada trabaja con la alternativa de identificar cada línea móvil con un único equipo. En caso de cambio de aparato, el usuario deberá informar a la compañía contratada el nuevo equipo que estará asociado con aquella línea.
Eso demandará un reempadronamiento de equipos; se estima que en la Argentina hay más de 62 millones. En los próximos días se definirán los plazos que marca la resolución para la identificación completa de cada usuario, su línea y equipo. La norma, fechada el 26 de octubre, instruye al Enacom a crear, en 15 días, el Registro de Identidad de Usuarios del Servicio de Comunicaciones Móviles. O sea, de los titulares de línea.
En principio, una de las formas de identificación analizadas tiene ejes similares al esquema utilizado para reemplazar los DNI, con campañas de difusión pública y etapas de entrega de datos hasta llegar a un momento en el que no se podrá usar un móvil no verificado.
Con el paso total al sistema 4G, previsto para 2017, la tecnología de los nuevos equipos facilitaría el reempadronamiento y el bloqueo efectivo de los celulares robados.
La información de cada usuario quedará siempre en manos de las compañías, pero con un esquema más directo de entrega de datos a pedido de la Justicia. “Los Prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles deberán albergar la información de manera segura, auditada y perdurable, debiendo la misma estar disponible para el eventual requerimiento del Poder Judicial y/o del Ministerio Público”, se dispuso.
Entre los puntos en estudio para disminuir el robo de celulares y también su utilización en casos como secuestros y narcotráfico figura un mayor control a la venta de líneas prepagas. Hoy se puede adquirir de forma anónima un chip en un quiosco y colocarlo en un celular. La descentralización de las ventas se mantendría, pero la habilitación de la línea dependería de una previa identificación del teléfono a usar, que debe tener un dueño identificado.
Entre los temas que resta definir en los próximos días aparece la situación de los teléfonos que son propiedad de empresas -flotas- y que los distribuyen entre sus empleados. Las personas físicas tendrán un límite de líneas a su nombre; se piensa en un tope de entre tres y cinco líneas para evitar potenciales transferencias a bandas criminales.
Las dificultades para identificar los celulares usados por delincuentes en delitos complejos había sido puesta en debate tras el secuestro y asesinato de Axel Blumberg, en 2004. A ese problema no resuelto desde entonces se suma hoy el incremento de la violencia urbana como consecuencia del robo de celulares.
Un problema adicional es el uso de rutas narcos al servicio del contrabando de celulares de última generación. En marzo pasado la Gendarmería detuvo la marcha de un camión cisterna en Misiones y en lugar del clásico cargamento de marihuana se encontró con uno de 600 celulares. Y en julio, el jefe de la Policía Nacional de Colombia, general Jorge Nieto Rojas, informó aquí al Consejo de Seguridad Interior sobre la existencia de una ruta de celulares robados en su país que terminan en las calles argentinas.
Un plan para frenar un delito violento
¿Cómo se identifica un teléfono celular?
Por el IMEI, que es un código pregrabado por el fabricante en cada aparato. Ese código puede ser alterado para el uso de celulares robados. Por eso se prevé que el nuevo sistema integre la identificación de la línea con un único equipo. Para cambiar de aparato se deberá informar a la compañía que presta el servicio.
¿Cuál es el problema que lleva al cambio?
En el país se reporta cada día el robo de más de 5000 celulares y crece el contrabando. La situación se agravó con la violencia de los robos, que llegó incluso a la muerte de varias víctimas.
Daniel Gallo
