Tras la promulgación de la ley, el Ejecutivo tiene que reglamentar la reparación histórica, que propone un acuerdo transaccional a aquellos jubilados y pensionados que pueden reajustar sus haberes de acuerdo a los fallos Badaro, Ellif, Sánchez y Monzó, de la Corte Suprema. Una vez que se publique la norma, ANSeS actualizará su página web para que los jubilados, por medio de su “clave de la seguridad social”, puedan visualizar, en pantalla, si tienen derecho o no a la reparación histórica.
Según el organismo, desde el anuncio, unos 60.000 jubilados actualizaron sus datos de contacto (teléfono, correo electrónico y domicilio) en la página web para recibir información a fin de acceder al programa que propone reajustar su haber mensual y pagar un retroactivo, según corresponda, tanto si cuentan con sentencia firme, si tienen un juicio pendiente o si nunca iniciaron el camino judicial.
Es que todo el trámite para acceder a la “reparación histórica” será digital. Se pretende que el entorno familiar o un profesional asista al jubilado en el manejo de Internet. Por ahora es importante que cuente con la “clave de la seguridad social” y que registre su huella digital.
Hoy la mitad de los jubilados está enrolado. Para empadronar la huella digital, es necesario acercarse a alguno de los 105 tótem que tiene ANSeS o al banco donde cobra la jubilación. El organismo está terminando de acordar con los bancos que cuentan con las terminales biométricas que puedan registrar a los jubilados que cobran en el Banco Nación y Provincia, que todavía no cuentan con esa tecnología. Luego ANSeS también emitirá una reglamentación en la que detallará cómo gestionar el trámite.
A partir de septiembre, ANSeS se contactará con los jubilados vía correo electrónico para informarles los términos de la propuesta. Tendrán prioridad los mayores de 80 años y quienes sufran problemas de salud.
Los acuerdos para los casos con sentencia firme (unos 50.000) anterior al 30 de mayo de 2016, consisten en abonar las diferencias devengadas desde los dos años previos a la notificación de la demanda. Para los casos con juicio iniciado (unos 400.000) antes del 30 de mayo pasado, contemplan abonar las diferencias devengadas desde los dos años previos a la notificación de la demanda y hasta un máximo de 48 meses de retroactivo. Y para los casos en los que no se hubiera iniciado juicio (unos 2 millones), las diferencias a pagar son las devengadas desde la presentación de la solicitud de ingreso al programa.
En el mismo sistema, el jubilado podrá completar los datos de su abogado, quien también habrá tenido que registrar su huella digital. El profesional recibirá también el acuerdo para revisarlo. Si ambos están conformes, deberán ir juntos a firmar con su huella digital en una UDAI o entidad bancaria para que el acuerdo se transmita a la Justicia.
Se estima que el proceso hasta la huella digital tomará entre dos semanas y un mes. Luego el acuerdo debe ser homologado en la Justicia, y allí puede entorpecerse porque el fuero de la Seguridad Social está colapsado. El juez competente será el del domicilio del jubilado.
El pago se realizará 50% en efectivo y la otra mitad en 12 cuotas trimestrales, iguales y consecutivas. Los honorarios a los abogados para los casos con juicio iniciado, los regulará el juez que intervenga. En los casos sin juicio, serán gratuitos para el jubilado y ANSeS pagará un fijo de $ 500 más gastos según la jurisdicción.
Para los jubilados mayores de 80 años, con alguna enfermedad o con un bajo monto de beneficio, se contempla reconocer el ajuste del haber antes de la homologación y que ésta dispare el retroactivo. Los jubilados y pensionados de leyes especiales, es decir, con un sistema de movilidad específico, no podrán acceder a la “reparación histórica”.
Por: Verónica Dalto