Por segunda vez en dos días, allanaron la sede central del sindicato de Choferes de Camiones en la ciudad de Buenos Aires. En este caso el operativo lo encabeza la jueza porteña 38, Wilma López, que busca pruebas sobre las presuntas extorsiones del gremio de Pablo Moyano a empresarios del transporte. Hugo Moyano estaba presente cuando llegó la Policía Federal (PFA).
El abogado de Camioneros, Daniel Llermano, aseguró desde la puerta del sindicato: “Vinieron acá, buscaron los cheques y se fueron. Esa señora (la denunciante) pagó con cheques una deuda gremial. Acá no hay ladrones sino gente que trabaja. Me dio asco. Algunos quieren desaparecer a Moyano”.
Todo comenzó en febrero, cuando la dueña de Expreso Pontevedra, Nancy Pastorino, denunció en la Justicia que autoridades de la filial de San Miguel le exigieron plata para que la empresa de carga pudiera trabajar con normalidad o, caso contrario, le bloquearían con camiones la puerta del lugar.
Pastorino hizo un primer pago por $ 100.000, pero luego denunció el hecho. La mujer no quiso pagar los otros $ 400.000 exigidos por los camioneros por una supuesta deuda de “aportes y contribuciones”, aunque ella aseguró que tiene constancia el “libre deuda”.
Los agentes de la PFA allanaron la noche del 11 de mayo la filial de San Miguel, encontraron 128.000 dólares y 330.000 pesos y se llevaron documentos de interés para la causa, según pudo saber TN.com.ar.
El jueves, en una causa paralela, la jueza de Garantías de Moreno, Adriana Julián, ordenó un procedimiento similar en la sede central de Camioneros por más denuncias de extorsión a comerciantes y transportistas.
