El juzgado federal de Río Gallegos empezó a descongelar causas que estaban archivadas para no complicar a los Kirchner. Luego de estar 12 años controlado por la familia presidencial, en el tribunal ordenaron volver a investigar casos como la venta a precio vil de terrenos fiscales en El Calafate, que involucra a Cristina Kirchner.
Así lo ordenó el camarista de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra, en calidad de juez subrogante de la capital de Santa Cruz. El magistrado quiere saber qué pasó, por lo que abrió un sumario contra la abogada K Andrea Askenazi Vera por su actuación como jueza federal suplente de ese distrito. La investigación es por “demoras, deficiencias e irregularidades” en especial en las causas por corrupción contra los K que estaban bloqueadas en ese juzgado.
El sumario indica que Askenazki había ordenado a sus empleados que las “causas políticas” se las debían entregar a ella en mano. La jueza, vinculada a los Kirchner, les escribía la sigla de su nombre “AVAD” y luego las rotulaba como “expediente pasado a secreto”, de acuerdo al diario Clarín.
El caso principal es el de la compra de terrenos fiscales por parte de Néstor y Cristina Kirchner en El Calafate a 7,5 pesos el metro cuadrado. Se trata de dos hectáreas que fueron adquiridas a 50 mil dólares y luego vendidas en más de dos millones de dólares a un grupo chileno, lo que significa una suculenta ganancia por la operación inmobiliaria.
La denuncia fue hecha en febrero de 2008 por el abogado radical Alvaro de Lamadrid, que estimó que a valor de mercado las tierras vendidas a los K cuestan 300 millones de dólares.
Otra de las causas que sale del “freezer” es una denuncia por cartelización de la obra pública de Santa Cruz a favor de empresas del grupo Báez que había hecho la actual diputada del Parlasur Mariana Zuvic. El ahora detenido empresario K se había quedado con el 92% de los contratos que otorgaron a la provincia patagónica.
El juzgado había archivado también una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans por enriquecimiento ilícito contra los Kirchner. Los nuevos vientos que soplan en el juzgado desempolvaron todos estos casos.
El Consejo de la Magistratura -ahora con mayoría del oficialismo- nombró como jueces subrogantes de este tribunal a los miembros de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia: Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe de Corchuera. Los nuevos integrantes se rotan en el cargo cada 60 días mientras se nombra un juez titular.
El impulso de estos casos puede tener incidencia directa en las causas que se tramitan en Comodoro Py. El juez federal Sebastián Casanello -que investiga a los Báez en la causa de “la ruta del dinero K”- indicó que no incorporó las irregularidades en las obras públicas como delito precedente del lavado dinero justamente porque el juzgado de Río Gallegos había sobreseído o archivado la mayoría en estos años. Pero todo puede cambiar.
