Aunque poco conocida fuera del mundo político-legal,Angelina Abbona es una de las dirigentes de mayor confianza de la familia Kirchner, a quienes acompaña desde hace 29 años. Tal es la confianza que le tienen que, en 2010, la ubicaron en un puesto clave: la Procuración del Tesoro Nacional, máximo organismo del Cuerpo de Abogados del Estado.
La abogada oriunda de Mendoza ya trabajaba en la municipalidad de Río Gallegos cuando Néstor Kirchner fue electo intendente en 1987. Ese año pasó de ser asesora legal de la subsecretaría de Comercio de la provincia a ser asesora legal del intendente.
En 1991, cuando el santacruceño llegó a la gobernación de la provincia, llevó a Abbona consigo y la puso a cargo de la Fiscalía de Estado del gobierno provincial. Apenas un año después, la corrió del cargo para nombrarla gerente de Servicios Públicos Sociedad del Estado. En 1995 volvió a ser nombrada fiscal de Estado.
Cuando Néstor Kirchner fue electo presidente, su hermanaAlicia eligió a Abbona para que fuera la jefa de auditores en el Ministerio de Desarrollo Social. Precisamente Alicia es quien la cobijó luego de la derrota del Frente para la Victoria en las elecciones presidenciales del año pasado: apenas asumió, la flamante gobernadora de Santa Cruz volvió a nombrarla fiscal de Estado en la provincia.
La abogada de 64 años de edad fue siempre una persona a la que los Kirchner recurrieron cuando necesitaban resolver un problema. En 2007, cuando ya había comenzado en Santa Cruz la discusión por la repatriación de los famosos fondos depositados en el exterior, el entonces Presidente le sugirió su nombre al gobernador Daniel Peralta para que presidiera el Tribunal de Cuentas provincial.
En 2010, con Cristina Kirchner ya en el poder, volvió a la Ciudad de Buenos Aires para hacerse cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación. Desde ese lugar le tocó enfrentarse al mayor caso que el Estado argentino enfrentó en las últimas décadas: el multimillonario juicio que los tenedores de bonos que no ingresaron a los sucesivos canjes de deuda le ganaron al país para cobrar la totalidad de sus títulos.
Como parte de esa batalla legal –que incluso llegó a ser denominada como “el juicio del siglo” en los EEUU-, los holdouts presentaron una demanda en los tribunales de Nevada para que se investigaran los presuntos nexos de un grupo de 123 empresas adjudicadas a Lázaro Báez con Cristina Kirchner. De ese juicio fue que salió la información que la procuradora del Tesoro intentó ocultar al dejar su puesto.
Antes de hacer entrega del cargo a Carlos Balbín –el hombre elegido por Mauricio Macri para sucederla–, Abbona se llevó consigo un disco duro que contenía información sobre miles de transferencias bancarias de Leonardo Fariña, la familia de Lázaro Báez, Federico Elaskar y otras personas allegadas al kirchnerismo.
La documentación, que luego logró ser recuperada por Balbín y su equipo, involucra en total a 21 personas y 123 sociedades que realizaron transferencias al exterior por un total de 492 millones de dólares. Todos los nombres de los involucrados están relacionados de una forma u otra con personajes del Frente para la Victoria. Por ese motivo, la hipótesis es una sola: que Abbona se llevó los documentos para eliminar pruebas que podrían ser clave para probar el entramado público-privado que se enriqueció de manera ilícita a costa del Estado.
