Alejandra Gils Carbó es resistida desde el primer momento por el gobierno de Mauricio Macri: el Presidente declaró que el cargo de Procurador General de la Nación “no debe ser vitalicio” y que “será el Congreso” el que decida sobre su futuro. El ministro de Justicia Germán Garavano tampoco ahorró en dardos contra la funcionaria judicial: dijo que “debe dar un paso al costado” y que se necesita “un liderazgo sano y nuevo” en la jefatura de los fiscales. Gils Carbó es impulsora de la agrupación Justicia Legítima, vinculada al kirchnerismo y a la que pertenecen un grupo de funcionarios judiciales.
Esta semana chocaron dos posturas en el oficialismo con respecto al futuro de la funcionaria judicial. Por un lado el Ejecutivo trató de avanzar en el Congreso con la reforma del Ministerio Público Fiscal, proyecto que le recorta poder a la Procuradora y establece un límite de 5 años en el cargo -actualmente vitalicio-. Aunque el oficialismo desestimó su tratamiento tras el rechazo de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió, que se opuso al proyecto y directamente pidió el juicio político, bajo la acusación de mal desempeño. Pero todo quedó en suma cero.
Al igual que la reforma del MNF, el pedido de Carrió quedó congelado: el presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Álvaro González (PRO), admitió que “no hay voluntad política” en la Cámara baja para avanzar con el pedido de la legisladora. “La voluntad de Carrió no está expresada en el resto. No hay voluntad política de avanzar pese a que Gils Carbó tiene causas en la Justicia y no manejó con transparencia la designación de los fiscales”, dijo González.
La remoción por juicio político requiere de mayorías especiales, es decir de dos tercios de las cámaras (171 de las 257 butacas que hay en la Cámara baja y 48 de las 72 bancas que tiene el Senado), una cantidad de votos que hoy no tiene el oficialismo. El legislador indicó que “tiene que haber garantías del espectro político para avanzar” porque si no “la comisión puede ser utilizada para hacer política”. Igualmente, aclaró, que si el pedido toma cuerpo, lo llevará adelante con “la más absoluta transparencia en el desarrollo y etapa probatoria”.
