Las clínicas privadas, aquellas que, según sus estimaciones, atienden al 68% de la población, están entrando en una situación crítica que podría desembocar en el cierre de muchas de ellas. Sucede que el PAMI, a cargo de Carlos Regazzoni, a nivel nacional está realizando descuentos a los prestadores que en algunos casos llegan al 50% de la facturación, es decir, les gira la mitad de los fondos necesarios para cubrir la atención de los pacientes.
Pero en la provincia de Buenos Aires la situación es más alarmante, ya que a esta decisión del PAMI se suma que el IOMA, la obra social de los empleados estatales bonaerenses, en la última facturación retuvo un 25% que impactará financieramente en el mes de diciembre. Además, las obras sociales tienen una dilación de pagos de hasta 180 días.
Esta realidad data de tiempo atrás en la vida de las clínicas ya que son un sector sin beneficios fiscales ni impositivos, entre otras desventajas. Sobre todo en territorio bonaerense, donde, según explicaron a Infobae autoridades del sector, las cargas de impuestos son muy perjudiciales.
En primer lugar, no cuentan con la posibilidad de que les devuelvan el IVA. En una clínica consultada, esto significó una pérdida de 6 millones de pesos solo en lo que va de 2016. El contrapunto que hacen en las clínicas es la quita a las retenciones que el Gobierno hizo con la minería y el campo. Además, el reclamo surge porque todas las compras que ellos hacen son con IVA incluido pero luego no lo cobran porque en seguridad social el IVA está exento.
Otra desventaja son los Ingresos Brutos. Ahora, que se declaró la emergencia en salud, pagan el 1,5%. Pero el monto real es 3,5%. En Capital Federal, por ejemplo, no pagan este impuesto. A esto se suman las tasas municipales, que equivalen al 0,7% de la facturación bruta de las clínicas que triplica el gasto de luz, aun con los aumentos. Y el impuesto al cheque, que también afecta a los prestadores de Provincia porque no se lo devuelven ni pueden aplicarlo a pagar nada. Además, tampoco pueden pedir créditos a bancos con garantía sobre los bienes afectados a la actividad hospitalaria por considerarse un servicio a la comunidad.
“El futuro es incierto”, advierten los afectados.
La actitud del PAMI se volvió blanco de las principales preocupaciones en el último tiempo por la cantidad de descuentos que viene aplicando. Hubo varias reuniones entre sus autoridades y los representantes de las clínicas pero las respuestas desde el Estado se dilatan: “Los encuentros son buenos, hay diálogo, ellos te reciben. Pero después no se ven los resultados”, es el panorama que describen.
En Provincia, la relación con el IOMA, cuyo titular es Daniel Cassinotti, es similar. Las reuniones son con los delegados regionales y ya hubo una nota de reclamo, que aún no obtuvo respuesta. Si bien indicaron que la intención es permitir facturar el 25% que no se les permitió este mes, no especificaron cuándo lo abonarán y con los sueldos y aguinaldos en puerta, la intranquilidad aumenta. Por esto, ya hubo clínicas que concursaron y otras que están planificando concursar.
La bronca nace también porque las clínicas privadas son las receptoras de muchos pacientes que no pueden o no quieren ser atendidos en los hospitales públicos, que la gobernadora María Eugenia Vidal reconoció que estaban en estado de abandono por la gestión anterior. Además, según explican desde las privadas, ellos quieren “colaborar en paliar las consecuencias de la profunda crisis del hospital público, cuyo abandono y desinversión desde la gestión anterior fue reconocido por la gobernadora”.
