El resultado electoral en Estados Unidos podría mutar el panorama financiero para la Argentina. Para el Gobierno, sin embargo, el resultado será más determinante para el futuro, que para el año 2016 que, consideran, ya está prácticamente cerrado. De hecho, según confiaron fuentes del equipo económico no hay planes de volver a emitir deuda a largo plazo en pesos en lo que resta del año.
“Sólo vamos a emitir Letes en dólares “, explicaron. “Primero, porque no necesitamos los fondos, y segundo, porque no queremos agotar el instrumento en pesos. Los bonos están operando muy bien en el mercado de capitales y hay que darles aire”, apuntaron.
Pero, además, en Finanzas están a la espera de los resultados del blanqueo para saber a ciencia cierta cuales serán las necesidades de financiamiento de los próximos meses. La primera etapa del proceso de exteriorización, que termina el 21 de este mes, superó toda las expectativas. Según deslizó hoy el ministro Alfonso Prat-Gay , cuando finalice esta primera etapa los depósitos de los bancos podrían haber crecido en un 10 por ciento. En otras palabras, desde el Gobierno estarían contemplando la posibilidad de que ingresen en cash unos US$ 8000 millones o más.
Y el grueso de fondos del blanqueo podría ingresar para el 31 de diciembre, que es cuando vence el plazo para exteriorizar cuentas en el exterior con un costo del 10 por ciento. A partir de 2017 y hasta el 31 de marzo del año que viene, quienes participen del proceso de exteriorización deberán pagar un impuesto 15 por ciento.
En tal sentido, ya el Gobierno espera enviar esta semana al Congreso los proyectos de reforma de las leyes del mercado de capitales y de fondos comunes. Para así poder terminar de delinear el marco regulatorio para muchas de las inversiones e instrumentos que podrían surgir con el blanqueo. El 15 de este mes comenzaran a tratarse en las comisiones.
Por estos días, entretanto, en Finanzas estarían terminando de evaluar si dan o no de baja la iniciativa que habían anunciado en junio pasado de canjear los cupones PBI, que se habían emitido durante la administración anterior en el marco de los canjes de deuda de 2005 y de 2010.
La decisión obedece a que los abogados de Hacienda temen que la operación pueda desencadenar demandas cruzadas de bonistas en contra del Gobierno. Incluso trascendió que el fondo Aurelius, uno de los más duros durante la negociación de la deuda en default, podría estar pensando en liderar esta estrategia en el exterior.
El gran problema surge por que, a partir de la manipulación de las estadísticas del Indec, el Gobierno debe definir ahora con qué año base vuelve a calcular los pagos de los cupones. Por la sobreestimación del crecimiento, durante años, la gestión anterior pagó más por los cupones que lo hubiera correspondido en la realidad. Hoy, cualquier cálculo podría arrojar pagos menores que los que los inversores preveían.
“El tema es que hay una facultad amplia para determinar cuál es la base de calculo sobre la cual vas a construir la serie de PBI. Entonces la impresión que hay es que hay personas dispuestas a cuestionar el ejercicio de esa facultad, si culmina con pérdidas de perspectivas de ganancias”, explicó a LA NACION una fuente de Hacienda, con la condición de no ser identificada. “Pero también podrían reclamar si no lo hacemos, porque estás privándote de el ejercicio de una opción que te permitiría ahorrarle pesos al Estado”, apuntó.
El equipo económico había anunciado a fines de junio que lanzaría una operación voluntaria, en la que, a partir de un esquema de derivados financieros intentaría rescatar la mayor cantidad de títulos posible. Para ello, emitiría un bono en el extranjero por cerca de US$ 5000 millones.
Sin embargo, los meses corrieron, y hasta ahora nunca terminó por iniciar la operación. Según había informado entonces el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la deuda que queda por pagar del cupón asciende a unos US$ 13.838 millones. Tras el canje la idea era reducir esos pagos a entre US$ 4000 y US$ 5000 millones.
Por: Florencia Donovan
