El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, está en el centro de la tormenta. Tras la subas de luz y gas, ahora se confirmó que aún conserva acciones en la compañía Shell por más de $ 16 millones.
Así se desprende de la declaración jurada que presentó en Oficina Anticorrupción y cuando el diario La Nación preguntó a sus colaboradores si hay incompatiblidad, aseguraron que no porque no “toma decisiones” sobre la empresa, aunque cualquier mal pensado creería que por ser dueño puede inclinarse a tomar medidas a su favor.
La ley de Ética Pública dice que los funcionarios deben abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años
El fiscal federal Carlos Stornelli requirió abrir una investigación contra el ministro, denunciado penalmente por diputados kirchneristas que lo acusan de beneficiarse con los aumentos tarifarios de gas, debido a su doble rol como funcionario público y accionista de Shell.
También solicitaron informes sobre negociaciones sobre la empresa BG (British Gas) y requerimientos al Ministerio de Energía de Chile sobre las últimas negociaciones con ese país para enviar gas a la Argentina.
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El jueves, Aranguren recibió su tercera denuncia impulsada por la Procuración de Investigaciones Administrativas, porque el funcionario no habría llamado a audiencias públicas antes del tarifazo.
Los denunciantes remarcaron que “claramente el ministro Aranguren no ha renunciado a su participación societaria como lo exige la ley, como tampoco se abstuvo de participar en las decisiones que puedan llegar a ocasionar un conflicto de intereses, decisiones que sin embargo, seguirán bajo la esfera del Ministerio del que es titular”.
