Obras de red cloacal, agua corriente y pluvial, nuevas luminarias, veredas, asfaltado y espacios públicos son algunas de las intervenciones con las que avanza el Plan Nacional de Hábitat, el proyecto del Ministerio del Interior para combatir la pobreza estructural de más de medio millón de familias.
Vigente desde 2016, el plan tiene como objetivo la refacción integral de las 505 localidades más vulnerables de Argentina para antes de 2019.
“Tenemos un presupuesto de casi 10.000 millones de pesos en marcha y estamos trabajando en municipios de todos el país. Es un plan cuantitativa y cualitativamente distinto de cualquier otro”, expresó a Télam Marina Klemensiewicz, titular de la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano, organismo al frente del proyecto.
“Mientras que la anterior Secretaría se dedicaba fundamentalmente a comprar tierras, nosotros impulsamos las obras necesarias para que la gente siga viviendo donde lo hace, pero cómodamente y como se lo merece, sin tener que caminar kilómetros para cargar su botella de agua o esperar a que el municipio pase con un camión a dársela”, ejemplificó la subsecretaria.
Una de las ventajas innovadoras de Hábitat es su gestión: no usa a los institutos provinciales de vivienda, sino que son los propios intendentes quienes presentan los proyectos al gobierno nacional y reciben la aprobación y licitación necesaria para avanzar con las obras en los barrios.
En Argentina, cerca de 12 millones de personas (tres millones de hogares) viven en 6.300 villas y asentamientos informales, sin acceso a servicios básicos o títulos de propiedad y en territorios totalmente fragmentados física y socialmente.
De ellos, un millón corresponde a carencias de carácter cuantitativo -que necesitan una nueva vivienda o más grande- y dos millones son cualitativas -deficiencias de entorno o de calidad de la vivienda-. Sobre estos últimos son los que trabaja Hábitat.
“Operamos sobre los lugares en los que vive gente desde hace 20, 30 o 40 años y que no quieren mudarse, pero que necesitan obras de agua, cloacas, veredas, iluminación, espacios públicos y, en algunos casos, un mejoramiento de su vivienda para vivir dignamente”, explicó la subsecretaria.
Las intervenciones tienen un plazo de entre 6 a 18 meses y ya hay 477 obras en marcha que beneficiarán a más de 470.000 familias.
Entre las localidades intervenidas por el Plan están los 100 poblados de menos de 10.000 habitantes con peores índices de habitabilidad, la mayoría de ellos situados en las diez provincias del norte argentino: Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Corrientes y Misiones.
“Apuntamos principalmente a darle una respuesta a las diez provincias del norte argentino porque es allí donde se concentra el 80% de la pobreza estructural del país. Hace 40 años que desde el Gobierno Nacional no se encara un plan de inversión para la zona”, afirmó.
El proyecto está pensado para alcanzar a aquellos sectores de la sociedad que no califican para los créditos Procrear y dirigido para quienes ganan entre dos a cuatro salarios mínimos y, los créditos hipotecarios a 30 años, para los que ganan más de $36.000 al mes.
Mientras que en 2015 la Secretaría de Hábitat contaba con 390 millones de pesos, en 2016 se le devengaron 5.675 millones y en 2017 se le asignó una partida de casi el doble de presupuesto: 9.218 millones.
Sobre el presupuesto, Klemensiewicz destacó el apoyo que reciben tanto desde el Gobierno Nacional como de organismos internacionales: “El BID, el CAF, el Banco Mundial y el BCID, entre otros, nos dieron créditos, con lo que esperamos duplicar el presupuesto y superar ampliamente las 500 intervenciones para 2019”.
Aunque no se exigen contraprestaciones por las obras, está proyectado que, una vez que estén garantizados los servicios de agua, cloacas y mejoramiento medioambiental, los habitantes puedan invertir en el mejoramiento de sus viviendas a través de un sistema de microcréditos para avanzar en este punto.
Hábitat forma parte de los planes encarados por el Gobierno nacional para llegar a 2019 con el 75% del país conectado a una red de cloacas y al 100% de los habitantes con acceso a una red de agua potable.
