CGT y organizaciones sociales se manifestaron con marchas para reclamar su aprobación, el Gobierno cedió y a fines del año pasado, el Gobierno sancionó una ley de emergencia social en todo el país, la cual contemplaba el incremento de un 15% mensual de los valores vigentes de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social, así como la creación de un millón de empleos bajo el “Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo”.
Sin embargo el tiempo pasó y la ley jamás fue promulgada. De esta manera, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP); la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Frente Darío Santillán y la agrupación Barrios de Pie se declararon este sábado en “estado de alerta y movilización”, tras una reunión federal de delegados, a la espera de la implementación por parte del Gobierno nacional de la Ley de Emergencia Social sancionada en diciembre.
“Queremos que el Gobierno cumpla con sus promesas y comience a implementar una ley que hace cuatro meses que está sancionada. Deben abrirse los registros de los trabajadores de la economía popular y se comiencen a efectivizar los fondos comprometidos”, señaló Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie.
El encuentro se llevó a cabo en el barrio porteño de Constitución, en la sede que la CTEP tiene en la calle Pedro Echagüe 1250, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participaron 400 delegados de las cuatro organizaciones sociales provenientes de distintos puntos del país.
“Vamos estar movilizados y a la espera de que los funcionarios cumplan lo que nos dijeron en la reunión que tuvimos la semana pasada. Si no obtenemos respuestas vamos a retomar las protestas”, anticipó el dirigente social, quien se prepara para una nueva ola de marchas.
Representantes de estas cuatro organizaciones mantuvieron el pasado jueves un contacto formal con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y con el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, y se llevaron la promesa de que la normativa que estableció la Emergencia Social se implementaría a partir del 1 de abril.
“Nos dijeron que entre abril y mayo se iba a poner en marcha la ley y decidimos mantenernos en un estado asambleario a la espera de que esos anuncios se cumplan. Tenemos también otros reclamos que tienen que ver con la apertura de las importaciones y como esto afecta el empleo de los humildes”, afirmó Esteban Castro, referente de la CTEP.
Prometen que volverán las ollas populares si no se implementa la emergencia Social.
Este sábado, en el plenario, las organizaciones acordaron su participación en la jornada convocada por ambas CTA el próximo 30 de marzo y del paro general de la CGT del 6 de abril con asambleas y ollas populares en todos los barrios del país.
El acuerdo por la emergencia había quedado plasmado en un acta compromiso firmada en el Ministerio de Trabajo con los referentes de las organizaciones sociales. En ese documento se acordó declarar la emergencia social por tres años y se comprometieron a dar aumentos millonarios en partidas sociales, de más de $ 30.000 millones hasta 2019.
