En Hotesur, la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió el embargo del hotel Alto Calafate. También solicitó la ampliación de la medida judicial para el hotel La Aldea.
En el expediente, que se tramita en el juzgado a cargo de Julián Ercolini, se investiga específicamente el presunto pago de retornos por parte de contratistas de obra pública a la familia Kirchner a través del alquiler de habitaciones de este hotel de la provincia de Santa Cruz. Se espera además que en loas próximos días el magistrado resuelva si procesa o no a Cristina y su exministro de Planificación Julio De Vido por contratos irregulares por 2.200 millones de dólares a Austral y otras empresas del empresario K.
Según Clarín, Pollicita asentó en la resolución que “se señalaron sólidos indicadores demostrativos de la intención” de Cristina Kirchner de “diluir el patrimonio que registraban en pos de que no pudiera ser tutelado por la justicia, y es justamente desde esa perspectiva, que consideramos indispensable que también se adopten idénticos recaudos procesales en relación a dichos establecimientos”.
“La adopción del embargo preventivo se erige a la actualidad como la medida más adecuada para resguardar los valores que eventualmente pudieran ser decomisados, y en definitiva, para evitar que la resolución que eventualmente lo imponga se convierta en irrealizable, con la posible frustración de los derechos de las partes que ello traería aparejado”, agregó el fiscal.
Los últimos procedimientos
Hace 10 días se realizaron operativos simultáneos en tres bancos de la localidad santacruceña de El Calafate dispuestos por Ercolini. En las entidades buscaron documentación relacionada con Villa Mitre, la firma que también pertenece a Báez y que administraba hasta 2013 los hoteles atribuidos a la exfamilia presidencial.
La causa Hotesur comenzó en el 2014 cuando la diputada Margartita Stolbizer denunció a la expresidenta Cristina Kirchner por supuestas irregularidades fiscales y societarias. El hotel es investigado por el supuesto pago de retornos por parte de contratistas de obra pública a la exfamilia presidencial a través del alquiler de habitaciones.
Los otros pedidos del fiscal
A fines de noviembre, Pollicita solicitó embargar los bienes que están a nombre de Máximo y Florencia Kirchner ya que sospecha que los hijos de Cristina están ocultando a la Justicia las pruebas. Se trata de 16 inmuebles, tres sociedades (Hotesur SA, Coma SA y Los Sauces SA) y un vehículo.
En su requerimiento, el letrado ratifica la investigación de una “trama de corrupción”, vinculada a la concesión irregular de obra pública a Báez y el retorno de ese dinero que provenía del Estado a las arcas de la familia Kirchner por medio del negocio hotelero. El pedido fue elevado a Ercolini, quien ya embargó las cuentas y cajas de seguridad de Florencia donde se encontraron 6,5 millones de dólares.
