Ricardo Echegaray no estará sentado en el banquillo de los acusados durante el juicio oral por el caso Ciccone, pero su rol está cada vez más en duda. El fiscal Marcelo Colombo le pidió durante tres años al Tribunal Oral Federal 4 que ordene un cruce de llamados del ex titular de la AFIP para determinar cuál fue su participación real en el plan de facilidades de pago otorgado a Ciccone Calcográfica, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales. Si se avanza, se analizarán llamadas entrantes y salientes y SMS, entre otros datos. El objetivo es determinar si Echegaray mantuvo contactos con su ex jefe de asesores, Rafael Resnick Brener, uno de los imputados, o con otros funcionarios de la AFIP involucrados en el trámite administrativo de la quiebra.
En el marco del pedido de prueba antes del juicio, el fiscal Colombo solicitó que todas las empresas telefónicas informen qué líneas están a nombre de Echegaray. Algo similar debería hacer la AFIP, para determinar los abonados “ya sea de telefonía celular o de tierra” asignados al ex funcionario, y a su secretario privado, durante su paso por el organismo recaudador.
Una vez identificadas todas las líneas, las empresas de telefonía deberán informar el tráfico de comunicaciones entrantes y salientes (SMS y llamadas) entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012. El pedido del fiscal incluye “el tráfico de IMEI (qué líneas traficaron en ese equipo), y de SIM (en qué equipos traficó esa linea), con indicación de apertura de antenas”.
Colombo dijo en su dictamen que el pedido está fundado en que uno de los imputados fue jefe de asesores de AFIP y tuvo participación en la elaboración de un dictamen clave. “Los posibles registros de contactos telefónicos de Echegaray, o la ausencia de ellos, con este imputado o con otros, o incluso con otros funcionarios de la AFIP, son relevantes para conocer si el accionar de Resnik Brener puede ser juzgado como un comportamiento autónomo e independiente dentro de la linea de decisión jerárquica del organismo”, sostuvo ante el TOF 4, que deberá decidir si ordena esa prueba antes del comienzo del debate oral.
Durante la instrucción de la causa, ya se habían ordenado otros cruces de llamadas, pero nunca rozaron al titular de la AFIP. Con esos datos, el juez Ariel Lijo pudo probar que José María Núñez Carmona, socio y amigo inseparable de Boudou, mantenía comunicaciones telefónicas con Alejandro Vandenbroele y con Resnick Brener, entre otras personas.
Echegaray también podría ser testigo durante el juicio porque la defensa del ex vicepresidente Amado Boudou lo incluyó en un listado de 63 testigos en el que se destacan la ex titular de la Casa de la Moneda Katya Daura y el periodista Victor Hugo Morales.
Pese a algunos obstáculos, el ex titular de la AFIP siempre logró sortear su responsabilidad directa en el escándalo de Ciccone. El juez Ariel Lijo lo llamó a indagatoria a fines del año pasado, cuando la causa ya estaba a un paso del juicio oral. Su participación ahora es investigada en la segunda parte de la causa, que apunta a la ruta del dinero para levantar la quiebra.
En ese momento, el juez lo acusó de “haber abusado de las facultades que tenía asignadas en su carácter de titular de la AFIP; primero, al solicitar la quiebra de Ciccone Calcográfica, para luego pedir su levantamiento condicionado a la presentación de un plan de pagos y, finalmente 48 horas después y sin justificación alguna, prestar conformidad incondicional al levantamiento de la quiebra”.
En su escrito, el fiscal también solicitó ante el TOF 4 que la AFIP informe si existía un mecanismo de control informático de sus expedientes administrativos para establecer una “hoja de ruta” del plan de pagos para Ciccone Calcográfica. “De acuerdo a informaciones periodísticas, el expediente pudo haber sufrido intervenciones o manipulaciones para cambiar el contenido de algunas de las resoluciones oficiales“, argumentó Colombo en base a una información publicada por Hugo Alconada Mon en el diario La Nación.
El juicio por el caso Ciccone está en la etapa de ofrecimiento de prueba. Luego de la feria, el TOF 4 pondría la fecha del comienzo del debate para antes de fin de año, quizás antes de las elecciones de octubre. En cambio, las defensas de los imputados buscan demorar los tiempos y en las últimas semanas presentaron decenas de recursos.
El último intento fue de Nuñez Carmona, quien recusó a los tres jueces del tribunal: los acusó de “parcialidad” luego de que los magistrados habilitaron la feria judicial para resolver los últimos planteos y rechazaron todos los pedidos de su defensa.
En el debate oral se determinará si Boudou, procesado por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, es culpable o no por haberse quedado, a través de testaferros, con la imprenta de seguridad que hacía los billetes de curso legal en el país.
