El juez federal Rodolfo Canicoba Corral advirtió hoy que no se podría acusar al actual jefe de Inteligencia, Gustavo Arribas, de haber recibido un “soborno” en el caso de las supuestas transferencias desde la constructora brasileña Odebrecht, debido a que el representante de jugadores de fútbol no era funcionario público. De todos modos, aclaró que podría investigarse si actuó, en realidad, en nombre de un tercero.
Para el magistrado, toda la denuncia contra Arribas “es muy difícil de probar”, debido a que cuando supuestamente el jefe de la AFI recibió dinero de un operador de la empresa brasileña él no era funcionario público de la Argentina ni del país vecino. “Hasta ahora no hay probada una relación espúrea entre Arribas y un funcionario público”, dijo Canicoba.
“Estoy un poco ausente (del juzgado) porque estoy de licencia. Por lo que he leído, no sé si puede hablarse de soborno porque este señor era un ciudadano común, no era funcionario público” cuando se hicieron los giros de dinero, indicó el juez, aunque aclaró que “salvo que se pruebe que fue por interpósita persona”, lo que se traría de un delito de cohecho.
Por su parte, la diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer criticó al Gobierno por “no reaccionar” ante las denuncias contra el jefe de la AFI y se quejó de que por parte del Ejecutivo “no hay ninguna voluntad de investigar, ni de sacarlo, ni siquiera de hacerse cargo“.
La diputada sostuvo que “el presidente Mauricio Macri es quien debería tener el mayor interés en que esto se investigue y se esclarezca, para evitar él mismo ser manchado” y reiteró: “Debería relevar a Arribas de su cargo rápidamente para facilitar la investigación judicial”.
La diputada nacional Elisa Carrió, aliada al Gobierno del presidente Mauricio Macri, denunció esta semana penalmente a Arribas, para que se investigue si perpetró algún delito cuando presuntamente recibió dinero del gigante de la construcción brasilero Odebrecht, aunque el titular de la AFI dijo que solo percibió una transferencia por una compraventa de una propiedad en San Pablo.
La denuncia, que recayó en el juzgado de Canicoba Corral, está basada en la investigación periodística publicada la semana pasada por el diario La Nación, que aseguró que en 2013 Arribas recibió cinco transferencias por casi 600 mil dólares, por orden del cambista brasileño Leonardo Meirelles, condenado por el pago de coimas en el caso ‘Lava Jato’.
Arribas no era funcionario público en el año en el que -según la denuncia- habría recibido el dinero, pero sí tenía una estrecha relación con Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno porteño, y justo fue cuando se dio impulso al proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento a cargo de un consorcio de empresas integrado por la brasileña Odebrecht, la argentina Iecsa -de Angelo Calcaterra, primo de Macri-, la española Comsa y la italiana Ghella.
En declaraciones a Radio Con Vos, el juez se refirió a estas especulaciones: “Entre una relación estrecha y que sea presta-nombre en un delito, hay una distancia. Pero eso supongo que es parte de lo que se denuncia, habrá que investigar y habrá que probar“.
“Si se acredita que actuaba en favor de un funcionario público quedaría como partícipe necesario”, advirtió Canicoba Corral, que aclaró que podría caberle la figura del delito de cohecho, aunque aclaró que el hecho de que haya cercanía con un funcionario “es un elemento para comenzar a investigar, no para condenar o procesar“.
