El Gobierno nacional sufrió ayer un traspié político en la comisión Bicameral de Trámite Legislativo, al ser rechazado, por el voto conjunto del PJ-FpV y el Frente Renovador, el decreto del DNU que propiciaba un incremento presupuestario de 76 mil millones de pesos para el corriente año con el objetivo de financiar obra pública y cubrir el aumento del 15 por ciento en los haberes jubilatorios.
Los argumentos esgrimidos en contrario le apuntaron a la distribución de las partidas para las obras públicas, ya que se objetó que el 60 por ciento de los recursos fueran para la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, gobernadas ambas por el macrismo.
Por otra parte, se denunció la discriminación para varias provincias, ya que se sólo 13 de 24 recibían algún beneficio, y la violación a la Ley de Administración Financiera, puesto que se apeló a una supuesta necesidad y urgencia de un DNU cuando el Congreso está en funciones.
Con respecto a los haberes jubilatorios, se señaló otra violación legal por autorizar la toma de deuda para financiar el pago de gasto corriente.
Además, se alertó con respecto a la situación de la ANSES, dada la necesidad del Gobierno de tomar la referida deuda cuando el organismo tenía superávit durante el gobierno anterior.
De todas maneras, el DNU debe ahora ser tratado por los plenos de ambas Cámaras Legislativas, y si consigue sanción favorable en una sola de ellas queda aprobado.
En tanto, si bien el oficialismo tiene más posibilidad de negociar en Diputados, es cierto que el nuevo posicionamiento del massismo hace dudar, al menos, la posibilidad de que se concrete.
Entre las voces en contrario se escuchó la de la diputada kirchnerista Juliana Di Tullio, quien objetó que “el 60 por ciento de los recursos son para la Ciudad de Buenos y el Gran Buenos Aires” y advirtió que “esta asignación presupuestaria es un escándalo”.
Desde el macrismo, su par Nicolás Massot le recordó que la obra de soterramiento del Sarmiento fue adjudicada “en el 2007, no recuerdo si por Néstor o Cristina Kirchner”, pero Di Tullio replicó que por entonces la obra tenía que tener “financiamiento privado” y ahora “el financiamiento es estatal”.
La sorpresa fue la postura asumida por el diputado massista Raúl Pérez, quien dijo que “el DNU es inválido, porque no ocurre en una emergencia ni urgencia”.
El que perdió la paciencia fue el diputado macrista Pablo Tonelli, quien ante la insistencia de los kirchneristas con la conexión Macri–Calcaterra, expresó que “las obras fueron adjudicadas en 2007 por Ricardo Jaime. “Háganse cargo de las obras adjudicadas a Báez”, disparó.
