La jueza Fabiana Palmaghini busca identificar los teléfonos fijos y móviles utilizados por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner las semanas anteriores y posteriores a la muerte el fiscal Alberto Nisman. La medida alcanza a otros ex funcionarios del anterior Gobierno.
Con esta decisión, la magistrada hizo lugar al pedido del abogado Pablo Lanusse, quien representa en la causa a la madre del difunto fiscal, Sara Garfunkel, y a su hermana, Sandra Nisman.
Palmaghini envió una “orden de presentación” a la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y a las compañías de telefonía celular.
Lo hizo para que indiquen “los abonados de telefonía celular que fueran asignados durante el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2014 y el 2 de marzo de 2015, tanto por el Poder Ejecutivo como por la Agencia Federal de Inteligencia” a Cristina Kirchner.
El pedido también comprende al ex canciller Héctor Timerman; al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández; al ex jefe del Ejército César Milani; al ex secretario de Seguridad Sergio Berni; al ex titular de la AFI Oscar Parrilli; al ex viceministro de Justicia y número dos de la AFI, Martín Mena; a los dirigentes de “La Cámpora” Andrés Larroque y José Ottavis, según indicó la agencia de noticias DyN.
Además, incluye al dirigente de la comunidad iraní Alejandro Khalil; al ex juez Luis Irimia; al dirigente piquetero Luis D’Elía y al líder de Quebracho, Fernando Esteche. Casi todos mencionados en la denuncia de Nisman por el supuesto encubrimiento a los iraníes acusados del atentando a la AMIA en 1994.
A pedido del abogado querellante Lanusse, la jueza también solicitó los registros escritos y de cámaras de seguridad de ingreso y egreso de la residencia presidencial de Olivos entre el 11 y el 20 de enero de 2015. Según contó Clarín, varios de esos datos fueron borrados o no figuran en un informe que acaba de difundir la ONG Poder Ciudadano.
Además, se requirieron las filmaciones de los movimientos en el interior de la quinta presidencial en ese mismo período, tanto en espacios abiertos cuanto en los distintos edificios que componen la residencia oficial de los jefes de Estado.
Lanusse pidió reiteradamente un entrecruzamiento de llamados entre los involucrados en la denuncia por encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA a los que Nisman había mencionado.
