Daniel Scioli tuvo, al menos, una buena noticia para cerrar un año que lo complicó en materia judicial. El 10 de diciembre, cuando el escándalo por los vuelos de campaña en aviones privados pagados supuestamente por la gobernación empezaba a despegar, su equipo de fútbol, Villa La Ñata Sporting Club, salió campeón de la interliga de Futsal. Y “Pichini”, como le dicen a Scioli dentro de las canchas, metió dos goles.
Pero a poco más de un año de haber dejado la provincia, Scioli está asediado por un conglomerado de expedientes judiciales en los que ya fueron procesados varios ex miembros de su gestión. Entre otros, el ex jefe de Gabinete y mano derecha de Scioli, Alberto Pérez. Todo indica que la situación del ex gobernador se complicará más.
Mientras Scioli celebraba los goles, la Justicia armaba una batería de medidas en busca de pruebas para impulsar el expediente antes de la feria judicial. El fiscal Álvaro Garganta, al frente de la causa por supuesto lavado de activos y fraude contra Scioli, hizo un pedido a varios ministerios de la provincia para que le manden expedientes con adjudicaciones de partidas y obras.
En el de Infraestructura buscan las obras que le entregó la gestión Scioli a Juan Carlos Mancinelli, presidente de Servicios Emiser SA, una empresa que se adjudicó trabajos de dragado en el Río Luján que nunca se concluyeron. Mancinelli aparece en varios de los vuelos sospechados de Scioli y sería familiar del ex DT del equipo de futsal Villa La Ñata en el que juega el ex gobernador.
Mancinelli ya venía siendo objeto de investigación en la causa de lavado por la construcción de unos paradores sciolistas en la costa atlántica. Y es el mismo que aparece nombrado en la investigación sobre facturas truchas que involucra a Juan Suris, que también le proveía un esquema similar a Lázaro Báez. En febrero, cuando termine la feria, la Justicia profundizará la investigación sobre la obra pública sciolista.
Además, Garganta le solicitó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que le envíe un informe con el listado de personas que viajaron junto a Scioli en todos los vuelos de cabotaje que realizó en aviones privados durante la campaña presidencial. En ese mismo pedido instó al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich -que controla a la PSA- para que agilice el trámite. La Justicia quiere saber si esos viajes electorales se pagaron con fondos públicos.
En la causa que investiga los vuelos hubo más novedades. El 27 de diciembre, 4 días antes de la feria judicial, Migraciones le envió un informe oficial al fiscal en el que confirmó que Scioli voló a Cuba con la modelo Gisela Berger -su actual pareja- durante la campaña electoral.
El documento revela que para intentar ocultar la presencia de Berger la hicieron pasar como parte de la tripulación junto al piloto Gustavo Carmona. El viaje a Cuba, que era de campaña, fue pagado con fondos públicos y costó $ 1.460.065, según publicó Infobae.
Las investigaciones que acorralan al gobernador se desprenden de un megaexpediente que se originó tras una denuncia de la diputada Elisa Carrió contra Scioli por lavado de activos y fraude contra el Estado que instruye Garganta.
La causa, que investiga casos de corrupción, tiene varias ramificaciones. Busca ilícitos en la Jefatura de Gabinete, en Aguas Bonaerenses, en el Instituto Obra Médica Asistencial (IOMA), en Loterías y Casinos, en el Astillero Río Santiago, en Obras Públicas, en el alquiler de aviones y en Desarrollo Social por el reparto de fondos a cooperativas, entre otros. En el apartado de Jefatura de Gabinete es donde más se avanzó.
El fiscal Garganta imputó a Pérez y a su segundo Walter Carbone, que se hizo conocido luego de que en un allanamiento en su casa del country Abril encontraran una caja fuerte con forma de Dragón. Sobre ellos y otros funcionarios de segunda línea recae una prohibición de salir del país y una inhibición de bienes por $ 15 millones.
La Justicia sospecha que usaban facturas truchas para destinar fondos públicos a la campaña. Y también para enriquecerse.
Los investigadores buscan determinar si el ex candidato del FPV sabía o participó de estas maniobras. Lo mismo sucede con los vuelos con taxis aéreos durante la campaña.
La semana pasada, Carrió amplió su denuncia contra el ex candidato a presidente del FPV ante la Justicia y lo acusó del supuesto delito de dádivas. En la presentación pidió que se investigue el hotel boutique “La Estrella, Luxury + Estancia” en Tandil al que iba el ex gobernador. Según la denuncia de Carrió, empresarios, amigos y hasta ex empleados de Scioli le pagaban habitaciones de hotel. En este marco, Scioli habría cancelado una estadía en Punta del Este en una casa que le habrían alquilado por US$ 50.000, según publicó La Nación.
En todas las ramificaciones del megaexpediente aparecen hombres de extrema confianza de Scioli. Por ejemplo, en la investigación sobre las cajas del juego se destaca José Luis Peluso, el ex interventor de la lotería en la gestión sciolista que fue desplazado por no incluir una casa en Miami en su declaración jurada.
Peluso tiene una relación familiar con Scioli. Aparece en varios de los vuelos investigados por la Justicia y es socio de Eladio González Rodríguez, el marido de Lorena, la hija de Scioli, en el Hotel Real Luján. Peluso también pagó estadías del ex gobernador en el hotel de Tandil.
Los voceros del ex gobernador dijeron que se van a presentar en la Justicia a dar todas las explicaciones y negaron que Scioli esté involucrado en los delitos de los que se lo acusa.
Por: Nicolás Diana
