La jueza en lo contencioso administrativo federal Rita Ailán rechazó un pedido del diputado nacional de Frente Renovador Felipe Solá para tratar durante la feria judicial un planteo de inconstitucionalidad del decreto firmado por el presidente Mauricio Macri por el cual habilitó a familiares de funcionarios a ingresar al blanqueo de capitales, cuando una ley del Congreso lo prohibía expresamente.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que la magistrada entendió que la causa no está dentro de las excepciones para tramitarse durante el receso de enero. Ahora Solá podrá apelar a la Cámara para que revise la decisión o esperar hasta febrero, cuando regrese la actividad judicial, para continuar con la causa.
El legislador presentó un amparo en el que solicitó la inconstitucionalidad del decreto 1206/2012 que le permitió a familiares de los funcionarios del gobierno nacional ingresar al blanqueo de capitales. Otra causa similar inició la asociación civil “Abogados por la Justicia Social”.
En ambos expedientes, los jueces Ailán y Esteban Furnari le pidieron al Gobierno que presenten un informe sobre la demanda por el decreto. Tanto Solá como la ONG pidieron que se dicte una medida cautelar que frene el decreto mientras se trata la inconstitucionalidad del caso.
Solá sostuvo que el decreto, firmado por Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ex ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, viola la ley 27.260 de blanqueo que el Congreso aprobó en mayo.
La norma excluía expresamente del blanqueo a “los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados” de quienes entre el 1 de enero de 2010 a la actualidad hayan sido “Presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o intendente municipal” o personal de organismos de inteligencia.
Pero en el decreto se fijó que los familiares de esos funcionarios podrán ingresar al blanqueo “exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha” en que sus parientes ingresaron a la función pública.
La medida generó el rechazo de la oposición que criticó que el acuerdo político para aprobar el blanqueo era que los familiares queden excluidos para evitar cualquier sospecha de un intento de los funcionarios de blanquear bienes a través de sus parientes. También señalaron que el decreto estaba hecho a la medida del padre del Presidente, el empresario Franco Macri.
Desde el Gobierno defendieron la medida: “Lo que se está planteando con este decreto es que aquellos que tienen bienes que pueden ser probados que son previos a la etapa en la que fue funcionario su hijo o algún pariente directo quedan fuera de esa prohibición”, sostuvo Peña en una conferencia de prensa.
Solá pidió que el caso se trate durante la feria judicial. Alegó que es un caso urgente porque el blanqueo finaliza el 31 de marzo y si no se toma una medida rápida quienes entren al régimen ya habrán adquirido un derecho. Pero tanto la Fiscalía como la jueza Ailán rechazaron el pedido.
La magistrada sostuvo –en su resolución a la que accedió Infobae– que “la habilitación de la feria judicial es una medida de carácter excepcional que debe ser aplicada con carácter restrictivo y que las razones de urgencia que determinan la habilitación del feriado judicial son solamente aquellas que entrañan para los litigantes un riesgo cierto e inminente de ver frustrados los derechos para cuya tutela se requiere la protección judicial”.
Para el caso, la jueza señaló que “no resulta suficiente invocar urgencia en la decisión de la causa para obtener una resolución que habilite la feria judicial, ya que, las afirmaciones de carácter general no permiten vislumbrar la configuración de un perjuicio actual o inminente que no pueda esperar el pronunciamiento que, en su oportunidad se adopte en la presente causa”.
Junto con las causas administrativas hay dos expedientes penales por la firma del decreto. El juez Ariel Lijo investiga una denuncia de diputados de Libres del Sur contra Macri, Peña y Prat Gay por el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos. Por su parte, diputados del Frente para la Victoria también denunciaron a los funcionarios y el fiscal Gerardo Pollicita pidió medidas previas antes de resolver si abre una causa.
Por Martín Angulo
