Mientras el gobierno de Mauricio Macri espera una definición de la Corte Suprema de Justicia sobre las cautelares que frenaron los aumentos de tarifas, el Congreso se prepara para dar una nueva batalla. Ya son casi 100 los proyectos de ley de todos los bloques en respuesta a las subas en las facturas. Con 47 propuestas entre las dos cámaras, el Frente para la Victoria (FpV) se alza como el gran impulsor del debate. Por su parte, los bloques de los opositores de Margarita Stolbizer y Diego Bossio tienen 11 y seis, respectivamente. La paradoja es que hasta el propio oficialismo presentó siete iniciativas, mientras que son tres por el espacio de Sergio Massa (Frente Renovador más UNA), pero de menor envergadura. La “propuesta alternativa” llegará en las próximas semanas. El resto las impulsan los espacios más chicos.
De la totalidad de los proyectos presentados, una veintena plantean declarar nulos los decretos presidenciales que fijaron los aumentos. Otros 13, dictar la emergencia por un plazo de 180 días a cuatro años o hasta que tengan lugar las audiencias públicas correspondientes y retrotraer los precios del gas y la luz a febrero. Mientras que el grueso proyecta librar del pago o fijar tarifarios especiales para determinado sectores sociales o regionales del país. El debate está planteado y será protagonista en el Congreso a partir de agosto.
El Senado ya dio el primer paso. En la última sesión antes del receso de invierno, la cámara aprobó por amplia mayoría (42 votos a favor del arco opositor y 13 en contra) un pedido al Gobierno para que anule el aumento de las tarifas de gas. En esa ocasión, el propio jefe del FpV, Miguel Ángel Pichetto, anunció en el recinto que a partir de agosto su bloque impulsará el tratamiento en comisiones de un proyecto del chubutense Mario País con la firma de otro 25 senadores -incluso la del “margarito” Jaime Linares- que declara la “nulidad absoluta e insanable” de las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que fijaron las subas de luz y gas.
El FpV encabeza el ranking. Solo en la Cámara Alta, tiene 23. La formoseña Graciela De la Rosa pide tarifas diferenciales para las pymes y las entidades sin fines de lucro. Mientras que la rionegrina Silvina García Larraburu propone dictar la emergencia energética para las entidades de bien público, cooperativas y clubes de barrio y para los usuarios patagónicos. El bonaerense Juan Manuel Abal Medina, por su parte, impulsa la exclusión de las universidades nacionales de todas las actualizaciones. Anticipando el debate, el senador bonaerense convocó a los rectores de las principales casas de estudio a la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside para que retraten cuál es el impacto de los aumentos en el presupuesto educativo.
En Diputados, el kirchnerismo tiene en carpeta dos docenas de proyectos que plantean desde la suspensión de los incrementos por 180 días hasta la declaración de emergencia energética para organizaciones sindicales, instituciones vinculadas a la ciencia y tecnología y asociaciones civiles, cooperativas de trabajo y también universidades nacionales, pasando por la creación de tarifas especiales para pymes, bomberos voluntarios, cines y teatros públicos y usuarios electro-dependientes por razones de salud. Aun así, el jefe del bloque, Héctor Recalde, aseguró a LA NACION que el objetivo es acordar con otros bloques una ley de consenso y convocar en el corto plazo a una sesión especial.
“Esta es una cuestión de Estado, no partidaria y tampoco judicial. Necesitamos dar una respuesta desde la política. Por eso le planteamos a los 35 bloques restantes juntarnos y avanzar con un proyecto unificado que retrotraiga las tarifas a febrero y cree una comisión que analice como salir de esto”, explicó el abogado laboralista. Pero si ello no resulta y el Senado avanza más rápido, la estrategia sería similar a la utilizada para la Ley Antidespidos: esperar una media sanción del Senado y darle curso en Diputados lo antes posible.
