La actriz porno y activista María Riot denunció a Facebook por censura y quiere que le publiquen otra vez un contenido que fue eliminado, dice, injustamente.
Se trata de una imagen que “no viola los términos y condiciones” de la red social. Y por eso presentó un amparo con el patrocinio de los abogados Alejandro Mamaní y Jimena Gibertone en el Juzgado Civil N° 100, a cargo del magistrado subrogante Alejandro Verdaguer.
“El 11 de agosto subí a Facebook una foto de una sesión artística que hicimos con otros trabajadores sexuales ─le cuenta Riot a Clarín─. A los 15 minutos me la eliminaron y bloquearon la cuenta por 30 días, aunque no se veían mis pezones ni había desnudos.”
Y se declara perjudicada por la sanción: “No puedo visibilizar las distintas acciones y actividades que estamos llevando adelante junto al sindicato de trabajadoras sexuales del cual soy parte (Ammar) ni puedo responder los mensajes que recibo día a día; muchos son consultas o pedidos de ayuda por violencia de género o discriminación”.
Riot dice que mandó una carta documento a Facebook Argentina, pero no tuvo respuestas. Tampoco la tuvo Clarín cuando quiso consultar la versión de la empresa: acá, dijeron, sólo hay una representación comercial.
“Entonces, con un grupo de abogados involucrados en la defensa de los derechos humanos decidí actuar judicialmente”, dice la activista, que suele usar las redes para promocionar sus posiciones.
En Facebook e Instagram Riot supera los 25.000 seguidores y en Twitter tiene más de 30.000. Además, hace una columna sobre trabajo sexual y feminismo en el programa de radio Metro y medio que conduce Sebastián Wainraich.
“Desde los 14 años uso internet como herramienta para comunicar y expresarme. Constantemente me he tenido que enfrentar a censuras y a diferentes ataques. Mi primera cuenta de Facebook fue eliminada por múltiples denuncias a una campaña que hacía contra la censura de los pezones femeninos”, recuerda.
Públicamente suele defender a los animales, el feminismo y los derechos de las trabajadoras sexuales, “militancias que son muy controversiales para ciertos sectores de la sociedad”.
Uno de los abogados patrocinantes, Alejandro Mamaní, es especialista en derecho informático y remarca que las acciones contra Facebook suelen ser caras: defender la libertad de expresión implica un costo tan elevado que termina en el avasallamiento de los derechos de los particulares.
“El caso de María tiene la particularidad de que al ser una comunicadora militante de los derechos humanos la afectación es múltiple ─le dice a Clarín─. Y como además pertenece a un colectivo tan estigmatizado como las trabajadoras sexuales, la baja de contenido y bloqueo a su perfil plantean un doble daño.”
De acuerdo con Mamaní, encima las redes sociales no dan explicaciones sobre sus sanciones.
“Y Facebook, como cualquier otra empresa que está en la Argentina, debe respetar los derechos de los usuarios”, sostiene.
Su compañera en la acción judicial, Jimena Gibertone, considera que derechos reconocidos constitucionalmente “se vulneraron de manera arbitraria, ilegítima y manifiesta” y habla de “una notoria persecución y discriminación a una referente de un colectivo vulnerable y altamente estigmatizado”.
Si bien en la Argentina hay poca jurisprudencia al respecto, existen recomendaciones de organismos internacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe “Estándares para una internet libre, abierta e incluyente”, publicado en marzo de este año, establece que los actores privados tienen la responsabilidad de respetar los derechos en línea, lo que incluye no restringir la libertad de expresión. Y los Estados “tienen la obligación de adoptar políticas públicas y leyes que garanticen los derechos humanos”.
Doble vara
“Facebook tiene una política hipócrita y discriminadora y una doble vara para medir ─se queja María Riot─. Muchas veces denunciamos páginas con violencia de género, agresiones explícitas, pedofilia, machismo y grupos que incitan al acoso. Y en general tardan días darlos de baja. O nos notifican que no incumplen las normas, y las páginas, perfiles y grupos siguen ahí.”
Julieta Arosteguy, feminista y magíster en Filosofía por la Universidad de Virginia (Estados Unidos), subraya que en las redes sociales no se encarna “el ideal de democracia deliberativa, en el que todas las personas podemos exponer nuestras opiniones y debatir en igualdad de condiciones hasta llegar a un acuerdo que respete las diferencias. Hay mecanismos de exclusión de las opiniones menos populares“.
Y sucede una paradoja, advierte: “Como explica tan bien el filósofo Zygmunt Bauman, en las redes sociales no nos comunicamos, no nos escuchamos, no dialogamos. Si no nos gusta lo que alguien dice, no nos preocupamos por entender y exponer nuestras razones en contrario. Simplemente, dejamos de seguir a esa persona o la bloqueamos o, lo que es peor, la denunciamos. Y estas autoridades anónimas, Facebook o Twitter, que no sabemos quiénes son ni a qué intereses responden, se convierten en el árbitro último de un bien fundamental de la democracia: la libertad de expresión”.
“Olor a naftalina”
El juez Mario Alberto Juliano, que en febrero último apoyó a las mujeres que hicieron topless en Necochea, opina que la política de publicación de Facebook “tiene olor a naftalina”.
“A esta altura de la civilización, obstaculizar la imagen de los pechos de una mujer en una red social es ridículo, incongruente e insostenible”, define.
“En Facebook ─agrega el magistrado─ es factible exhibir escenas de guerra, del dolor humano, pero no puede mostrarse una parte del cuerpo de un ser humano con un sexo determinado. Creo que es una política discriminatoria de la dignidad de las mujeres y también creo que forma parte de la lucha que vienen sosteniendo desde hace siglos por obtener igualdad y libertad.”
Por Lula Gonzalez
