La investigación por la muerte de Rafael Nahuel (22), el joven que murió baleado cuando se encontraba protestando junto a integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul, se centra ahora en la búsqueda de pólvora en las manos de los prefectos que participaron del operativo mientras la querella pidió que la carátula del caso pase a ser “homicidio calificado”.
La defensora de la familia de Nahuel, Natalia Araya, informó que los denunciantes pidieron al magistrado Gustavo Villanueva que el título de la investigación deje de ser una “muerte dudosa”.
Además, la familia pidió la desvinculación de la investigación de Fausto Jones Huala y Lautaro González, detenidos el sábado 25 de noviembre, cuando bajaron de la montaña con la víctima herida de muerte.
La abogada explicó que Jones Huala y González estaban detenidos por la causa de usurpación de la comunidad denunciada por Parques Nacionales y también por la de la muerte de Nahuel, sobre la que enfocaron la indagatoria de la semana pasada, antes de liberarlos, consignó Télam.
Julieta Wallace, la otra patrocinante de la querella, indicó que de los 40 integrantes de Prefectura que participaron en el operativo, la investigación se concentra en ocho, sobre los que el juez Villanueva ordenó secuestro de armas y vestimenta, hisopados y muestreos de cintas de carbono, realizados para determinar presencia de pólvora en las manos.
La querella pidió conocer los resultados de esta última pericia, también practicada a Jones Huala, a González y al cuerpo de Nahuel.
Fuentes de la justicia informaron que estas muestras son analizadas mediante un sistema de barrido electrónico en el Departamento de Caracterización de Materiales, del Centro Atómico Bariloche.
Por otra parte, una comunidad mapuche impidió hoy el ingreso de camiones y maquinaria de Vialidad Nacional y de la contratista Conevial al sector de obras por el que pasará la Circunvalación de la localidad neuquina de Villa La Angostura, con el argumento de que se trata de tierras ancestrales.
La obra es fundamental para esa localidad del sur de Neuquén, a 80 kilómetros de Bariloche, para evitar el paso por la ciudad de los camiones que cruzan a Chile por el paso Samoré, muchos con cargas peligrosas.
El abogado de la comunidad, Luis Virgilio Sánchez, informó que el conflicto surgió en un sector conocido como El Álamo, donde en 2014 Vialidad Nacional firmó un convenio de avenimiento (que evita la expropiación) con el supuesto propietario Pablo Colli; y además el mismo año expropió otro predio menor a Ignacio Dotras.
Sánchez explicó que cuando la obra se tornó inminente y se esperaba un proceso de desalojo, la comunidad planteó una medida cautelar y lograron iniciar con Vialidad una conciliación para resolver el problema sin conflicto.
“Estábamos a punto de firmar un acuerdo, pero de repente Vialidad cortó el diálogo y hace unos días intentó ingresar con equipos al lugar, lo que la comunidad no va a permitir si no es mediante un acuerdo”, afirmó el abogado, destacando que esa comunidad mapuche “siempre fue pacífica y recurrió a la Justicia por sus planteos”.
Florentino Nahuel, vocero del Consejo Zonal Lafkenche, fustigó la “actitud de Vialidad, que no respeta a la comunidad”, y ratificó que no dejarán “ingresar más los camiones hasta que no se complete el acuerdo que estaba en discusión”.
