La Cámara de Diputados de Mendoza convirtió en ley el proyecto impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo -que venía con media sanción del Senado- y que obliga a que los presos trabajen y se capaciten, con el fin de disminuir los índices de reincidencia.
El proyecto de ley sobre la “Reforma del Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad de la Provincia de Mendoza Ley 8465” fue aprobado en Diputados -al igual que en su tratamiento ayer en el Senado- por amplia mayoría y con el respaldo del PJ-FpV.
El bloque conformado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) rechazó el proyecto, mientras que se abstuvieron de la votación los legisladores Lucas Ilardo y Patricia Galván, del Frente para la Victoria (FpV).
La propuesta fue anticipada por el gobernador mendocino durante su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias realizado el 1º de mayo.
La reforma convoca por primera vez a las víctimas del delito a participar en el sistema penal y crea un régimen que traza ejes que promueve que los presos trabajen y se capaciten para conseguir disminuir los índices de “reiterancia” y reincidencia de quienes están privados de su libertad.
“Nuestra reforma encara una puesta en dirección al trabajo, limitando el derecho al ocio y con la idea de replicar la realidad externa adentro de muros”, explica parte del fragmento de la propuesta enviada por el Ejecutivo.
“Quien se encuentra allí deberá estar en actividad, lo que le permitirá una vida mejor para él y para quienes se encuentren en derredor, pero a su vez para estar mejor preparado para volver a la sociedad, para que ésta pueda recibirlo y éste tenga conocimientos que le permitan trabajar legalmente”, agregan los fundamentos.
Desde el bloque oficialista la diputada Analía Jaime explicó que “este proyecto tiene como objetivo la reinserción social a través de la educación, la capacitación y el trabajo, de las personas condenadas” y resaltó que es significativo “que lo haya planteado el gobernador en la agenda pública y en la de gobierno”.
Desde el FIT los diputados Héctor Fresina y Lautaro Jiménez señalaron que “nada en esta ley indica que algo va a cambiar”, refiriéndose a que “no se ha destinado ninguna inversión y presupuesto”, para “acondicionar” las instalaciones de las cárceles que permitan a los presos trabajar.
Por otra parte, tanto Patricia Galván como Lucas Ilardo (FpV), pidieron abstenerse de la votación, considerando que es necesario garantizarles el trabajo y la educación a los presos, pero que en el contexto actual no es posible que ninguno tenga garantizada la reinserción social.
En tanto, Mario Díaz (FpV), subrayó: “Me parece un error profundo negarnos a este desafío, me parece infantil negarnos la posibilidad de generar un proceso de cambio cultural en la penitenciaria”, mientras que Pablo Priore (PRO), afirmó que es muy positiva la participación de la víctima en las causas, y que sean resarcidas, para que el preso logre la comprensión del daño causado.
