El extitular de la AFSCA durante el kirchnerismo Martín Sabbatella fue procesado por el juez federal Luis Rodríguez por defraudación a la administración pública, a partir de presuntas irregularidades en la entrega de subsidios por casi 10 millones de pesos en 2014 y 2015, cuando estaba a cargo de la Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Además fue embargado por esa misma suma.
Esta causa empezó por una denuncia penal radicada por Miguel de Godoy -presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) que sucedió a la AFSCA- por presunto fraude con los subsidios del organismo, a partir de la entrega “a dedo” de fondos a diferentes asociaciones civiles.
En el caso se investiga si hubo anomalías en la entrega de $ 9.906.010 en subsidios al Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO); Asociación Civil Cine en Movimiento de Morón; Cooperativa de Trabajo Activa Limitada; y Asociación Civil Nueva Tierra para la Promoción Social y Pastoral.
El magistrado también procesó a la legisladora porteña K Andrea Conde, que estuvo a cargo de la Dirección de Proyectos Especiales, por”defraudación por administración fraudulenta en perjuicio a la administración pública”.
Al dictar el procesamiento, el juez dio por probado que “hubo un manifiesto desinterés por proteger los objetivos específicos plasmados en cada convenio”. Las conductas de quienes debían controlar y no lo hicieron “fueron realizadas con dolo directo y con el fin de procurar un lucro indebido para sí o para terceros”, afirmó el magistrado.
“Estoy convencido que, con la totalidad de la prueba obrante en autos, en base a la diversidad de acciones ejecutivas en estudio y teniendo fundamentalmente en cuenta que las irregularidades detectadas por la SIGEN y constatadas por el Tribunal, debían haber sido observadas por las autoridades del AFSCA”, indicó el magistrado en su fallo.
Sabbatella ya había sido procesado en otra causa por el juez federal Claudio Bonadio, que lo encontró responsable del presunto delito de “abuso de autoridad” y lo embargó en 100 mil pesos por las disposiciones que emitió para adecuar de oficio al Grupo Clarín a la Ley de Medios.
