Guillermo Marijuan le pidió al juez federal Sebastián Casanello que llame a indagatoria como imputada a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa por “La Ruta del Dinero K”, por considerar de que fue “socia” del empresario Lázaro Báez, que está preso desde el año pasado por este caso, por lavado de dinero. Para el fiscal federal, el “ex matrimonio presidencial” y “su amigo personal” Báez eran “socios” en un “vínculo delictual”.
La medida de Marijuan es en respuesta al pedido que la Cámara Federal hizo a fines del mes pasado, en el que les reclamó a los funcionarios judiciales que no limiten la investigación “solo en Báez y su entorno”. En su fallo, el tribunal había pedido analizar si el multimillonario patrimonio del empresario le pertenece a él o si es de la expresidenta y su familia.
La Cámara había ordenado a Casanello -que deberá decidir sobre la presentación del fiscal- que tome como delito precedente a la maniobra de lavado de activos la corrupción en la obra pública, causa que es investigada por el juez federal Julián Ercolini. Tanto Cristina como Báez, entre otros, están procesados en esta causa. En este caso se investigan las presuntas maniobras del Estado para enriquecer y favorecer con la mayoría de los contratos de obra pública al empresario K, que recibió 52 contratos por $ 46.000 millones.
“La vinculación entre la maniobra de lavado de activos y la adjudicación irregular de obra pública con la que fue beneficiado Lázaro Báez y su grupo empresario, a lo largo de los mandatos presidenciales del matrimonio Kirchner-Fernández (2003-2015), demuestran la calidad de ‘socios’. Incluso este vínculo delictual persistió luego de la muerte de Néstor Carlos Kirchner, con el mismo y continuo comportamiento de Cristina Elisabet Fernández”, indicó el fiscal en su fallo.
“Se puede afirmar que una vez consolidado Lázaro Antonio Báez como ‘el exitoso empresario de la construcción’, sus acciones delictuales se dirigieron en distintos sentidos, como la actividad hotelera y una inmensa cantidad de dinero que tenía a su disposición, que dirigió sus acciones en otras formas de lavado, bajo una pseudo actividad financiera para enmascarar su verdadero origen y brindarle una fachada de legalidad”, argumentó el fiscal.
