Justo en el momento en que velaban los restos de Santiago Maldonado, en inmediaciones del lago Mascardi un enfrentamiento entre Prefectura y la RAM terminó con un integrante de este grupo muerto de un disparo.
Las dos muertes no tienen mayor equivalencia entre sí. Pese a lo que ahora seguramente se dirá desde la oposición radicalizada, que son ambas consecuencia de la misma descontrolada y salvaje represión que aplica Mauricio Macri contra legítimos reclamos del pueblo mapuche.
Lo que sí indican ambas es que hay una voluntad de parte de la Resistencia Ancestral Mapuche de llevar sus reclamos al terreno de la acción violenta, que no los va a detener la muerte de personas, sean de su grupo, de gente afín o mucho menos del enemigo, es decir todo el resto de la sociedad argentina, y que es preciso que el Estado adopte entonces una estrategia mejor que la que hasta aquí ha logrado hilvanar para lidiar con el problema y en un tiempo no muy lejano hacerlo remitir. Mientras esta estrategia no exista estos hechos van a repetirse y van a escalar el conflicto.
Vayamos entonces por partes. Dijimos que las dos muertes no son para nada equivalentes, pero si tienen mensajes semejantes: la violencia política está de nuevo entre nosotros. Los opositores radicalizados dirán que es culpa del macrismo, claro. ¿Tienen algún fundamento para sostener esta idea? En el primer caso claramente no.
La muerte de Maldonado está casi totalmente comprobado que se trató de un accidente. Falta cerrar la causa, pero es la conclusión lógica que se desprende de toda la evidencia reunida. Seguramente los miembros de la RAM, organismos de derechos humanos, partidos de izquierda dura, el kirchnerismo residual y la familia insistirían de todos modos en que si no había sido desaparición forzada había al menos alguna responsabilidad de la Gendarmería: bien porque lo habían perseguido hasta “obligarlo” a meterse en el río Chubut, bien porque tal vez habían hecho algo aún peor. Pero son especulaciones sin ningún asidero jurídico, ni tampoco lógica política. De allí que no tengan ya mayor impacto en la opinión pública.
El grueso de ella asume que los errores que puede haber cometido la Gendarmería en la operación de desalojo de la ruta 40 el 1° de agosto pasado en Vuelta del Río, Chubut, haber devuelto los piedrazos que les lanzaban los de la RAM, haber entrado en el predio en disputa en una situación confusa, donde el delito flagrante tal vez no justificaba tanto, son cuestiones menores y nada tienen que ver con las claras responsabilidades penales que les tocan a los organizadores tanto del piquete como de la fábula de la desaparición de Maldonado. Ellos fueron los que resistieron a la autoridad y agredieron a los miembros de Gendarmería, los que abandonaron a Maldonado en el río, y los que mintieron a la Justicia y a la sociedad para sostener el invento de una desaparición forzada y una represión salvaje e ilegal.
Como esa fábula se desarmó, la RAM se desesperó en las últimas semanas por llevar el conflicto a otro nivel, en otros lugares de la región. Atacaron la municipalidad y el destacamento de Gendarmería de El Bolsón. Y luego ocuparon un nuevo predio muy cerca de Bariloche, sobre el lago Mascardi. No pensaban ceder, por eso cuando la Justicia ordenó el desalojo de esta toma se escondieron en el monte, a la espera de que las fuerzas de seguridad se replegaran y ellos pudieran volver a empezar.
En el ínterin se produjo este enfrentamiento y por primera vez recurrieron al uso de armas de fuego contra fuerzas de seguridad. Y el hecho terminó como todos sabemos. ¿No debieron los Albatros de Prefectura que actuaron contra la RAM en el monte haber prevenido cualquier posibilidad de una muerte? ¿Qué apuro había en detenerlo, no podían simplemente mantener el cerco en torno a ellos y esperar la ocasión de desarmarlos y llevarlos a la Justicia? Son dudas que aún no pueden contestarse. Lo que sí es seguro es que la RAM buscó esta situación, y consiguió la víctima que no tuvo con Maldonado.
El Estado no es una “parte” en este conflicto. NI tampoco sus fuerzas de seguridad pueden considerarse equivalente a la patota armada de la RAM. La Prefectura igual que la Gendarmería y los jueces que deciden sus pasos son los que garantizan el Estado de Derecho. Mal o bien, hacen su trabajo. Y para seguir haciéndolo tienen que tener la ley de su lado y la confianza de la sociedad en que usarán la fuerza sólo en la medida que sea necesario y siempre según lo que marca la ley. Porque si no lo hacen le darán pasto a los que creen que se justifica destruir ese Estado para poder destruir a un Gobierno que detestan y volver a hacerse del control de la situación.
Por: Marcos Novaro
